Especialistas de las universidades Autónoma Metropolitana (UAM) y de la Nacional Autónoma de México (UNAM) coincidieron con la propuesta del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, en que se regule a las redes sociales y se acote el poder que actualmente tienen.

Sin embargo, activistas y especialistas de la R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, consideraron que la propuesta para normarlas va contra la libertad de expresión, aunque reconocieron que es necesaria una regulación de las redes sociales que proteja efectivamente los derechos humanos de los usuarios.

La propuesta busca incorporar medidas que amenazan la libertad de expresión, además de ser imprácticas dentro del ecosistema de Internet, señaló la Red.

La propuesta para regular las redes sociales también se da en un momento en que otros países del mundo, sobre todo los más desarrollados, intentan suprimir mensajes de odio o racistas por medio de este tipo de plataformas, afirmó The Intelligence Competitive Unit.

En una entrevista, Gonzalo Rojón, especialista de la firma de telecomunicaciones, refirió que más que vulnerar la libertad de expresión, la iniciativa presentada por Monreal busca eliminar las malas prácticas en cuanto a contenido digital que tiene como fin hacer propaganda política o dar a conocer noticias falsas, tal como se hace hoy en otros países como Estados Unidos o el Reino Unido.

En entrevista por separado, Mauricio Andión Gamboa, investigador del departamento de Educación y Comunicación de la UAM, unidad Xochimilco, expuso que se debe considerar que el Estado se convierta en un árbitro entre el usuario y las grandes corporaciones y generar un diálogo basado en los principios de la libertad de expresión y en los derechos humanos.

En este sentido, coincidió en que sea el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el que garantice el ejercicio de la libertad de expresión en el ciberespacio y establezca límites a las empresas, porque ya están cumpliendo un papel como medio de comunicación.

Axel González Ortiz, académico de derecho constitucional en la Facultad de Estudios Superiores, Aragón, de la UNAM, señaló que el tema de regular a las redes sociales es polémico porque podría derivar en abusos por parte del poder político, en el sentido de censurar, pero también están los abusos de empresas.

En tanto, activistas e integrantes de la agrupación R3D criticaron que la propuesta del senador morenista emplea una definición deficiente de redes sociales: su amplitud y vaguedad termina clasificando como tal a prácticamente cualquier sitio de Internet que permita a sus usuarios difundir información, indican.

Aún más confusa, insisten, resulta la definición de redes sociales relevantes, que contempla arbitrariamente a cualquier sitio que tenga más de un millón de usuarios o suscriptores. No se define si se consideran usuarios en México o en el mundo; si son usuarios registrados o activos, ni en qué periodo. Tampoco se justifica por qué un millón convertiría, en automático, a una plataforma en relevante respecto de su influencia en el flujo de información.

Señalan que en ningún país se exige que las redes sociales relevantes soliciten autorización de un instituto como el IFT, como se propone en la iniciativa de Morena para México.