a recaudación fiscal siempre fue la pata más endeble de la economía mexicana, no sólo por los tradicionalmente bajos niveles de captación, sino por la generosa cuan creciente condonación y devolución de impuestos a las empresas y empresarios más ricos del país, autorizada y promovida por los seis gobiernos neoliberales, y que año tras año significaba un verdadero saqueo a las arcas nacionales.

Desde la llegada de López Obrador a Palacio Nacional, la instrucción fue poner fin a dichas prácticas depredadoras y lograr que todos los causantes hicieran su parte, es decir, contribuyeran proporcionalmente a las arcas públicas. Desde luego, los grandes consorcios y sus dueños –nacionales y foráneos– pusieron el grito en el cielo, porque ellos no estaban acostumbrados a pagar lo que por ley les corresponde.

En un principio, el mandatario denunció que sólo 15 grandes corporativos mexicanos y extranjeros adeudaban impuestos por alrededor de 50 mil millones de pesos, y dejó en claro que tarde que temprano el erario recuperaría esos dineros, quisieran o no los deudores, quienes, dicho sea de paso, amenazaron con hacer circo, maroma y teatro para evitar cumplir con el fisco. Pero no lo lograron.

De lo anterior ha dado cuenta la titular del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, quien de tiempo en tiempo actualiza el avance en dichos cobros, siguiendo la instrucción presidencial de conminar a que paguen o se procederá legalmente, en el entendido de que no se permitirán más defraudaciones a la hacienda pública federal. Y por la caja recaudatoria del SAT ya han pasado consorcios como Grupo Modelo, IBM, Walmart, FEMSA, Grupo de Alberto Baillères, América Móvil (Carlos Slim) y contando.

No es gratuita la denuncia del procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, en el sentido de que en gobiernos anteriores el SAT era un simulador y un distractor de la lucha contra la evasión fiscal, vía la emisión de facturas falsas. Funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno forjaron pactos criminales con empresas factureras para incrementar su riqueza personal en perjuicio de toda la población y defraudar alrededor de 350 mil millones de pesos anuales.

Sirva lo anterior para entender el alcance del trabajo gubernamental: el Servicio de Administración Tributaria aumentó 143 por ciento el monto de la recaudación vía auditorías. Datos oficiales al tercer trimestre de 2020 muestran que la estrategia de hacer que paguen los que no lo han hecho, antes de incrementar la base de impuestos, resultó en 417 mil 954.4 millones de pesos de ingresos en lo que va del año ( La Jornada, Dora Villanueva).

Además, la recaudación va por arriba de 171 mil 413.5 millones recuperados en el mismo periodo de 2019 (cuatro veces mayor que el promedio recaudado por esta vía en el sexenio de El Borolas y tres veces más que en el del novio de Tania). De acuerdo con el SAT, al tercer trimestre de 2020, cada peso invertido en los actos de fiscalización se multiplicó por 153.8 pesos en cobros.

Las rebanadas del pastel

Ayer, el presidente López Obrador detalló una lista de empresarios –divulgada por la revista Proceso, bajo la firma de Álvaro Delgado– que financian las campañas golpistas en contra de su gobierno. Ninguna novedad en los nombres que en ella aparecen, pues son los que se beneficiaron, y mucho, del régimen neoliberal (privatizaciones, evasión, condonación y devolución de impuestos, negocios a modo, todo con cargo al erario, etcétera, etcétera) e impusieron a los seis gerentes que, en ese periodo, ocuparon Los Pinos disfrazados de presidentes. Son los barones que se hincharon con dinero de la nación, y que ahora se retuercen y se niegan a dejar privilegios. Los de siempre, pues, pero ahora en el segmento perdedor. Por cierto, cuando la pandemia dijo ¡presente! todos los mencionados lloraron amargamente, porque, decían, no tenemos dinero para pagar los salarios de nuestros trabajadores, pero resulta que sí cuentan con él, y de forma abundante, para financiar campañas golpistas.

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