ianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, llamada Alexis por sus amigos, salió el sábado reciente a vender un cigarro electrónico ( vaper, en inglés). Como en muchos otros casos a lo largo y ancho del país, no regresó y, cuando fue encontrada este domingo, estaba muerta, descuartizada.

La constante violencia contra las mujeres ahí, en Cancún (como en Quintana Roo, como en todo México), generó una gran indignación que convocó a manifestaciones este lunes. En Cancún, las protestas en la presidencia municipal fueron enfrentadas y dispersadas por policías, con disparos de bala que en algunos casos, según los diversos videos difundidos de inmediato, salieron de armas largas.

Cancún, es decir, el municipio de Benito Juárez, vive una situación de conflicto constante por la forma de gobernar de Mara Lezama, la conductora de programas periodísticos en medios electrónicos que fue llevada a la presidencia municipal en un lance más de oportunismo de Morena. El estado también está en constantes problemas, bajo el gobierno de Carlos Joaquín González (hermano de Pedro Joaquín Coldwell; hijos, ambos, de Nassim Joaquín Ibarra, empresario ya difunto que fue el más fuerte de la región). Joaquín González, priísta y subsecretario federal de Turismo en la administración de Enrique Peña Nieto, fue colado a nombre del PAN y el PRD para eludir problemas internos del PRI.

Lo sucedido anoche frente a la presidencia municipal del sitio más conocido de México a escala mundial forma parte de la grave indiferencia y la falta de entendimiento de autoridades de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) de lo que está sucediendo en el ánimo de muchas mujeres del país que diariamente sufren agresiones, mortales y bárbaras en muchos casos, sin que el Estado mexicano, sus instituciones, representantes populares y gobernantes hagan algo importante y a fondo para frenar los feminicidios y demás agravios cotidianos.

Al salvajismo constante contra las mujeres, que han reaccionado con actos de violencia contra la representación institucional de un Estado que no les cuida ni ofrece justicia, se suman ahora actos de represión como los de Quintana Roo, que parecerían inconcebibles pero que, en el fondo, provienen de esa incapacidad de los gobernantes para entender y atender las causas y razones del desbordamiento de la protesta feminista.

En otro tema: para efectos de narrativa política se puede decir que la llamada 4T ha castigado a una integrante más del gabinete que acompañó a Enrique Peña Nieto. No implica cárcel, pero María Cristina García Cepeda, la titular de una de las secretarías de ese equipo, la de Cultura, ha sido inhabilitada y multada (a reserva de eventuales recursos legales que llegue a presentar la afectada) por la secretaria obradorista de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.

García Cepeda llegó a la secretaría de Cultura a la muerte de Rafael Tovar y de Teresa y estuvo del 4 de enero de 2017 al 30 de noviembre de 2018. En septiembre del año pasado asumió la responsabilidad del área cultural del comité nacional del Partido Revolucionario Institucional, a invitación de Alejandro Moreno.

Ahora, acusada de indolente manejo de los recursos públicos durante el régimen neoliberal, ha sido inhabilitada durante 10 años para ocupar cargos públicos y deberá pagar una multa de casi 20 millones de pesos por haber “autorizado de manera irregular donativos por 59 millones de pesos para el proyecto ‘Museo de museos’, que no se concretó”. Cierto: es la segunda secretaria del gabinete peñista en ser castigada (la otra es Rosario Robles), pero, con la excepción del caso rosarista, que tiene otras motivaciones además de las justicieras, el núcleo duro de la corrupción peñista continúa hasta ahora intocado en lo que va de este sexenio por acciones propias. ¡Hasta mañana!

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