El Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado, alertó sobre la existencia de armas de fuego sin control en el país, lo que genera un riesgo de mayores homicidios y otros delitos graves, y advirtió que es uno de los temas pendientes en el Congreso, donde se han presentado 69 iniciativas en la materia.

A través de un estudio, señaló que entre 2009 y 2019 el gobierno comercializó más de 450 mil armas de fuego, aunque se estima que hay en circulación ilegal más de 1.7 millones de esos artefactos. Precisó que en 45.6 por ciento de delitos cometidos en ese periodo se utilizaron pistolas, metralletas y otras de alto poder.

La investigación titulada Armas de fuego en la sociedad mexicana. Riesgos para la paz y la seguridad pública, señala que, de acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, el gobierno de México tiene registros de 2 millones 12 mil 573 artefactos que ingresaron al país de manera ilegal en la pasada década, y de ellas todavía un gran porcentaje no se ha recuperado.

De esta cifra, alrededor de 1.7 millones aún están en posesión de particulares, lo que supone un grave peligro para la sociedad.

Por otra parte, de 2009 a 2019 se comercializaron 450 mil 625 armas por el gobierno. Es decir, hubo un número mayor de armas legales vendidas que las de procedencia ilegal que han sido recuperadas.

En el documento del IBD, elaborado por el investigador Juan Pablo Aguirre Quezada, se destaca, asimismo, que, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de los 18.9 millones de delitos estimados donde la víctima estuvo presente, en 45.6 por ciento de los casos los delincuentes portaban algún arma.

En el estudio se destaca que en esta legislatura se han presentado 69 iniciativas relacionadas con el tema de armas de fuego, que incluyen propuestas como mayores controles en las licencias para su uso, revisiones rigurosas en la exportación e importación legal y fomento de programas de canje voluntario.

Asimismo, plantean el aumento de penas ante el tráfico de instrumentos químicos de ataque, más regulaciones a material de pirotecnia o amnistía ante delitos donde no se hayan usado.

El estudio del IBD concluye que la experiencia internacional muestra que no sólo con mayores controles y retiro de armas se consiguen avances en la prevención del delito.