Ante la incursión a la Secretaría de Gobernación de padres de víctimas de la Guardería ABC, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, subrayó que la protesta se debe a inconformidad por el monto de las compensaciones económicas –de la tragedia ocurrida en junio de 2009–, cuyos litigios están en curso, incluidos dos recursos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Están pendientes alrededor de 11 amparos en proceso, siete se han resuelto, de esos siete podríamos sentarnos a resolverlos en la brevedad posible y uno no ha iniciado ninguna acción, explicó el funcionario en entrevista, al subrayar que las personas han sido plenamente atendidas.

Admitió que este sábado había dentro de las instalaciones de la dependencia padres de familia, no precisó cuántos, luego de que el viernes entraron a la secretaría, sin cita previa, tanto padres del caso de la guardería como de otros familiares, víctimas del delito.

Gobernación dijo en la víspera que proponía una ronda de conversaciones con los padres mañana (lunes), aunque recordó que el pasado 2 de noviembre se propuso una cita para el martes 3, la cual fue rechazada por los familiares al no estar de acuerdo con el sitio para celebrarla.

Desde ese día los familiares permanecieron afuera de Gobernación y el viernes un grupo de personas se introdujo a las oficinas centrales de la dependencia.

Tanto en el comunicado del viernes como en entrevista ayer, el subsecretario Encinas puntualizó que de los 22 núcleos de familias en protesta, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha emitido 21 resoluciones para determinar el plan complementario de reparación del daño y se han pagado diversas cantidades por concepto de compensación económica complementaria. No obstante, las familias han impugnado estas resoluciones por estar en desacuerdo con los montos.