Luego de haber ingresado por la fuerza a la Secretaría de Gobernación (Segob) el pasado viernes, los padres y madres de los menores que fallecieron en la Guardería ABC aceptaron reunirse el próximo lunes con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, pero exigieron que se les entregue un compromiso por escrito con la hora y lugar del encuentro.

Filogonio Martínez Castañeda, uno de los 29 padres de familia que desde el lunes se encuentra en plantón afuera de la dependencia para exigir atención a sus demandas, explicó que, con tal de lograr la cita con Encinas, aceptarán realizar antes una mesa de análisis de sus expedientes en la cual participarán funcionarios que, a su juicio, no están familiarizados con el tema.

Ayer (viernes) tuvimos una reunión con gente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que no conoce el caso. Es dar una vuelta de 11 años para ponerlos al día, pero vamos a ceder y a tener esa mesa de análisis, con el compromiso de que haya una reunión con Encinas el lunes, pero que sea formal: con un documento firmado y sellado, donde nos notifiquen la hora y el lugar, dijo el hombre.

De acuerdo con Martínez –quien fue una de las 11 personas que lograron entrar sin permiso a Gobernación el viernes–, además de la convocatoria formal al diálogo, los familiares de los pequeños exigen atención eficiente por parte de la CEAV y el cese del hostigamiento de los guardias que vigilan sus movimientos dentro del edificio.

Asimismo, señaló que los padres y madres exigen que el encuentro con el subsecretario se realice en las instalaciones del Palacio de Cobián. ¿Para qué van a rentar un lugar, si podemos hacerlo aquí, con medidas de seguridad? Incluso puede ser en la explanada, no es necesario un lugar cerrado. Cuando hay intención, cualquier lugar es bueno, recalcó.

Por su parte, el abogado Miguel Nava, representante legal de los familiares de los pequeños fallecidos el 5 de junio de 2009, lamentó que Encinas haya buscado canalizarlos con funcionarios sin capacidad de decisión y enfatizó que el propósito del gobierno es argumentar que no tiene recursos para el pago de las reparaciones económicas a las que tienen derecho las víctimas.

El litigante recordó que ya hay una sentencia de la Suprema Corte, emitida en julio de este año, en la cual se ordena el pago de indemnizaciones a una de las familias afectadas, por lo que la CEAV no tiene excusa para no otorgarle la misma garantía a los demás padres y madres.