Madrid. La cuenta regresiva del empresario mexicano Alonso Ancira para su extradición a México se acelera. El presidente de Altos Hornos de México (AHMSA) ingresó de nuevo a la prisión de Palma de Mallorca, la capital de las Islas Baleares, tras ser rechazado un recurso de amparo a la resolución de la Audiencia Nacional de España de autorizar su extradición a México por los delitos de fraude fiscal, corrupción, ­blanqueo de capitales y falsedad documental, entre otros. El empresario, también conocido como El rey del acero tiene una fortuna valorada en más de 800 millones de euros (unos 20 mil millones de pesos) y se le investiga sobre todo por una serie de casos de corrupción durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto y de la gestión al frente Petróleos Mexicanos (Pemex), de Emilio ­Lozoya.

Una fuente de la judicatura española confirmó a La Jornada que alrededor de las dos de la tarde –hora española, siete de la mañana de México– Alonso Ancira fue ingresado de nuevo en la prisión de la ciudad de Palma de Mallorca, sitio que ya conoce de su primera reclusión, en mayo de 2019, cuando fue detenido tras su intento de fuga de México. De hecho fue localizado en el aeropuerto de la capital balear, tras viajar en un avión privado con la intención de pasar una larga temporada en la isla española, donde incluso ya había trasladado su yate, de 40 metros de eslora.

Medidas cautelares

Su primera reclusión en la prisión de Palma de Mallorca duró algo más de un mes, de la que se libró tras pagar un millón de euros de fianza y someterse a una serie de medidas cautelares que le impedían abandonar el país, entregar su pasaporte y tener que comparecer ante una comisaría de policía cada semana. Así había estado hasta ahora, incluso después de la decisión unánime de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional del pasado 29 de mayo de autorizar la petición de extradición solicitada por la Fiscalía General de la República, y por tanto del Estado mexicano.

Ancira, de 64 años y con una estrecha vinculación a los supuestos negocios ilegales de Emilio Lozoya y Peña Nieto, ha intentado por todos los medios evitar su extradición, pero las pruebas presentadas por el gobierno mexicano son contundentes y los magistrados españoles no dudaron en conceder la entrega, que ahora sólo está pendiente de que se agoten los plazos y las garantías judiciales. De hecho, la misma fuente judicial estima que Alonso Ancira estará entre uno y dos meses en la cárcel antes de que finalmente se resuelva su expediente, que, según la propia resolución de la Audiencia Nacional, será la extradición a México, para lo que también deberá ser autorizada por el Consejo de Ministros del gobierno español del socialista Pedro Sánchez, que en este tipo de procesos sólo es un mero formalismo y se limitan a acatar las sentencias de los tribunales.

El rey del acero está acusado por el Estado mexicano de la venta a Pemex de la empresa Agronitrogenados, cuando era presidida por Lozoya, con un sobrecosto abrumador para el erario, además de ser una empresa que estaba sin funcionar desde hace casi 20 años. Según la Auditoría Superior de la Federación –que publicó un informe al respecto en enero de 2019–, se formalizó la compra de la planta de fertilizantes con equipo incompleto, en mal estado y no utilizable, con 30 años de antigüedad y 18 años fuera de operación; la adquisición también careció de estudios y análisis competentes para garantizar su rentabilidad y determinar adecuadamente los costos de mantenimiento. Además, durante el proceso de adquisición se incumplieron con los objetivos y las metas de poner en operación la planta de fertilizantes nitrogenados y se rebasaron los costos en un 127 por ciento, al pasar de 195 millones de dólares a 443 millones.

También se investiga una ­presunta operación fraudulenta de Ancira para fraccionar el pago de 3.4 millones de euros (3.86 millones de dólares) por parte de AHMSA, que desembocó supuestamente en la compra de una vivienda del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.