Santiago De Chile., El avance legislativo que muestra un proyecto de ley para que los ahorrantes de pensiones puedan realizar un segundo retiro inmediato hasta de 10 por ciento de sus fondos acumulados, en respuesta a la emergencia económica derivada de la pandemia y la escasa ayuda del gobierno, marca definitivamente el fin del sistema privado de pensiones en Chile, señalan analistas.

El retiro de los fondos sustituye el ingreso para quienes no tienen acceso a subsidios, esos fondos van a entrar a la economía en demanda de bienes de primera necesidad y durables; pero desde el punto de vista macro esto tiene un significado simbólico: estamos en la víspera del fin del sistema de capitalización individual, dice Eugenio Rivera, director del área económica de la Fundación Chile 21.

Hay una decisión en la sociedad de buscar otro sistema y está abierta la puerta, en el proceso constituyente que se inicia, para definir los principios sobre los cuales se construirá el nuevo sistema de pensiones. Es un efecto político e ideológico de que Chile deje atrás el modelo neoliberal, explica.

La evidencia de que el gobierno de Sebastián Piñera no tiene planes de suficiente cuantía para prestar socorro financiero a 3 millones de trabajadores que perdieron sus ingresos en 2020, hizo que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobara y dejara lista para votarse en pleno, probablemente esta semana, una ley que dará acceso al equivalente de 10 por ciento acumulado, hasta un máximo de 5 mil 400 dólares. El proyecto pasará a continuación al Senado y quedaría vigente en diciembre.

El debate se da después que en julio se aprobara un plan similar. En esa fecha 9.7 millones de personas retiraron ahorros por 16 mil millones de dólares (aproximadamente 5 por ciento del producto interno bruto chileno), dinero que ha servido para frenar la caída del consumo privado (que bajó 6 por ciento este año) y la proyectada recesión de 7.5 por ciento, la peor en 35 años.

El sistema privado de pensiones, creado en 1980 en plena dictadura y basado en cuentas de capitalización individual, fue promovido en el mundo como la solución a las crisis de financiamiento de los modelos de ahorro generacional colectivo. Con el paso de los años, la promesa de una jubilación equivalente a 60 por ciento de los últimos salarios falló estrepitosamente: las pensiones privadas son miserables, en promedio de 150 dólares.

El sistema es tan nefasto que, considerando sus 11 millones de afiliados, más de 2 millones carecen de fondos para efectuar algún retiro y otros 2 millones quedarán en igual condición si retiran sus remanentes en esta ocasión.

La frustración colectiva convirtió a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) –empresas a cargo de invertir las cotizaciones y que lucran a todo evento por la vía de comisiones– en objeto del desprecio colectivo. Tanto así que pensiones decentes y el fin de las AFP se convirtieron en la principal exigencia del movimiento social iniciado en Chile en octubre de 2019, que confluyen en la demanda de una constitución cuyo carácter sea no de asistencialismo, sino de garantías sociales responsabilidad del Estado.

Que 10 millones de personas pidieran la devolución de los fondos, revela la ilegitimidad del sistema, porque cuando desde el gobierno se les dice que si retiran sus fondos sus pensiones van a ser bajas, en realidad ellas ya saben que son bajas y prefieren tener su dinero en el bolsillo ante la eventualidad de fallecer u otra situación, dice Rivera.

La falta de respuesta, tanto en tiempos como en montos, del Estado a las carencias de la gente ha hecho que el mundo político, incluidos parlamentarios oficialistas, estén respaldando el segundo retiro.

“Piñera está groggy desde el estallido social, su programa fue desechado y no ha querido levantar un plan que se ponga a la cabeza de lo que está pasando, es incapaz de reconocer el resultado inapelable del plebiscito y no tiene una política, de modo que el segundo retiro es el resultado de un gobierno que está sin brújula y no sabe adónde ir y como no hace nada, los parlamentarios tratan de hacer algo para mantener cierto diálogo con la base”, explica.

Desde que estalló la peste del Covid-19, el Estado chileno asignó fondos equivalentes a 9 puntos del PIB para enfrentar las secuelas que dejó, pero de esa cifra sólo 2 puntos (6 mil millones de dólares) son ayudas directas a las personas.

El gobierno podría hacer mucho más, la deuda del sector público es baja, apenas llegará a 33 puntos del PIB y si se le restan los ahorros externos que el país tiene, es mucho menor, pero no hay voluntad política, dice.

Mientras tanto, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, enemigo acérrimo del retiro, hace cosas como solicitar a las AFPs que marquen a quienes solicitaron la primera devolución, so pretexto de estudios estadísticos, porque según él debe analizare si necesitaban esa plata y porque más de la mitad no habían perdido sus ingresos laborales.