Familiares de víctimas de desaparición forzada acudieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para denunciar que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha ignorado las recomendaciones emitidas por el organismo autónomo sobre sus casos y se ha negado a cumplir con su deber de garantizar la reparación integral del daño.

El pasado 22 de octubre, las familias de los guerrilleros Aurora de la Paz Navarro y Carmelo Cortés, desaparecidos por policías militares en 1976, y del infante de Marina Paolo Cano Montero, desaparecido en 2010 mientras estaba desplegado en Michoacán, interpusieron una queja con la asesoría de la organización civil Idheas.

En entrevista con La Jornada, el director de ese colectivo, Juan Carlos Gutiérrez, recordó que la CNDH emitió sendas recomendaciones sobre el caso de Montero, en octubre de 2018, y de Cortés y Navarro en octubre de 2019, en las que le ordenaba a la CEAV que reconociera la calidad de víctimas de los familiares de los agraviados e iniciara un proceso de reparación del daño.

Pese a ello, denunció el abogado, “la comisión ejecutiva simplemente no responde a los oficios, en una situación de absoluta negligencia y de omisión, amparados en la existencia de una crisis interna, cuando ahí hay funcionarios que siguen cobrando sueldos altísimos. Lo que hace la CEAV es ‘administrar’ la situación de las víctimas”.

Gutiérrez señaló que, a la actitud de desdén institucional, se suma la falta de transparencia en los manejos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral –desaparecido hace unos días por el Congreso–, pues no se conoce con exactitud a quiénes se les han entregado recursos, lo cual es un ejemplo de desorganización administrativa.

De acuerdo con el director de Idheas, la falta de cumplimiento de las recomendaciones amerita que la CNDH le haga un llamado de atención fuerte a la CEAV e incluso se cite a comparecer a los responsables de estas omisiones.

Los familiares de las víctimas, dijo, no piden limosna ni nada que no esté reconocido por la ley. Estas omisiones reafirman la ausencia de una política por parte de la CEAV para asumir de manera seria e integral la reparación del daño.