Madrid. La Fiscalía Anticorrupción española abrió una nueva investigación contra el ex monarca español Juan Carlos de Borbón, ahora por el uso de tarjetas de crédito opacas, que además están vinculadas a cuentas bancarias del empresario mexicano Allen Sanginés Krause, quien figura como donante y amigo personal del rey emérito.

La presunta trama de corrupción también afectaría a otros miembros de la familia real, incluida la reina Sofía.

El rey emérito, quien fue monarca desde 1978 hasta su abdicación en junio de 2014, salió del país en agosto pasado, cuando viajó a Emiratos Árabes tras la apertura de investigaciones judiciales en Suiza y Reino Unido por una supuesta trama de comisiones ilegales durante su reinado, que sirvieron para que se adjudicara el contrato de la obra del tren de alta velocidad a La Meca a un conglomerado de empresas españolas.

Acosado por las indagatorias y por las declaraciones de su ex amante y socia en la trama, la princesa alemana Corinna Larsen, finalmente el rey emérito decidió abandonar el país de manera sorpresiva.

Dada la condición de inviolabilidad que le otorga la Constitución española durante su reinado, el ex monarca no ha sido investigado por varias de las supuestas tramas corruptas en las que estaría involucrado.

La diferencia con la actual pesquisa a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, y que ya está en manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que es la que tiene la competencia de desarrollar la acusación, es que los hechos presuntamente delictivos se llevaron a cabo de 2016 hasta finales de 2018, cuando Juan Carlos ya no tenía la condición de rey y por tanto no gozaba del amparo de la inviolabilidad.

La investigación es por el uso de varias tarjetas de crédito que utilizaban de forma habitual varios miembros de la familia real, incluidos el rey emérito, su esposa, la reina Sofía, y otros miembros del círculo íntimo que todavía no se conocen al detalle.

El monto de los gastos de las tarjetas ascendería a algo más de 120 mil euros y habrían sido donados o al menos estaban vinculados a las cuentas de Allen Sanginés Krause, amigo del rey emérito.

Los investigadores sospechan que el empresario mexicano donó el dinero, pero Juan Carlos I no lo declaró a Hacienda, lo que supone un delito continuado de evasión fiscal que contempla una pena hasta de cinco años de cárcel.

El responsable de la investigación será el fiscal de sala jefe de lo penal, Juan Ignacio Campos, delegado de delitos económicos, quien desde junio está al frente del caso de los contratos del tren de alta velocidad a La Meca.