Buenos Aires., En un fallo muy esperado aquí, la Suprema Corte de Justicia consideró que de acuerdo con la Constitución los jueces pueden ser designados sólo por concurso, y por lo tanto no cumplen con la legalidad jurídica los traslados de éstos por decisión del Ejecutivo, como sucedió durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, quien instaló indebidamente a dos magistrados propios, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, para poder controlar los juzgados.

La Suprema Corte decidirá el jueves el caso de Germán Castelli, quien fue trasladado de un tribunal oral de San Martín a uno federal, que casualmente tendría a su cargo la causa de las fotocopias de los cuadernos de un ex chofer del Ministerio de Producción con los cuales se intentó inculpar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner de un presunto cobro de sobornos, un caso armado con pruebas falsas que se ha convertido en uno de los escándalos judiciales más grandes en la historia del país.

Esto y la persecución, traslado y destitución de jueces que no respondieran a su mesa judicial fue uno de los actos más graves de la gobernante alianza Cambiemos, que además también está bajo juicio por el armado de causas falsas en un esquema de persecución política, judicial y mediática durante los cuatro años de su gobierno (2015-2019). Uno de los más serios problemas de esa administración es que afectaba abiertamente la independencia del Poder Judicial.

Se determinó que Bruglia y Bertuzzi, quienes investigaron a Fernández de Kirchner, continúen en sus cargos hasta el nombramiento por concurso de los magistrados que legalmente asumirán ambos juzgados federales. El tribunal insiste en que el único modo de nombrar jueces es con base en una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos. Aclaran que los nombramientos son para un cargo específico y que no es algo genérico que permite cambiar de lugar como si nada.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández sostuvo ayer que es necesario que la justicia funcione, que tengamos jueces preparados técnicamente, probos y que la impartición de justicia sea rápida. Son tres cosas fundamentales para que el estado de derecho funcione, dijo, y destacó la importancia de las obras realizadas con este objetivo. Los años que nos precedieron no fueron un buen ejemplo para el buen funcionamiento del estado de derecho; utilizar jueces para perseguir a la oposición no fue una buena idea, afirmó.

Eso significa hacer mal uso de las instituciones de un gobierno en turno y nosotros no queremos eso, subrayó, y pidió que se trate en la Cámara de Diputados la reforma judicial que envió a mediados de año.