Debido a la pandemia de Covid-19, la Ley de Amnistía quedó prácticamente en el olvido y la Comisión encargada de aplicarla no ha sesionado durante varios meses, por lo que al menos 800 solicitudes de liberación han quedado en el limbo, alertaron diversas organizaciones civiles que conformaron un Observatorio de Amnistías.

En un pronunciamiento conjunto –firmado por grupos como Documenta, Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y Equis-Justicia para las Mujeres–, el colectivo recordó que, según cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al 17 de octubre pasado se habían registrado al menos 233 muertes de reos por Covid-19.

Como una medida preventiva ante dicho escenario, el 20 de abril se aprobó la Ley de Amnistía, creada para permitir la liberación anticipada de los internos que cumplieran con ciertos requisitos, y el 22 de junio se instaló la comisión encargada de llevar a la práctica dicha norma, en la que hasta ahora ha sido su primera y única sesión.

En este contexto, los integrantes de Observatorio indicaron que ven con mucha preocupación que, hasta hoy, si bien la comisión reporta 771 solicitudes recibidas y cuenta con 12 personas para realizar las revisiones de los casos, este órgano no ha vuelto a sesionar y reportó que ningún preso ha recibido los beneficios de la nueva Ley.

La SG no ha traducido las normas a lenguas indígenas

En ese mismo sentido, preocupa también que hasta este momento la Secretaría de Gobernación no ha impulsado la difusión de la Ley de Amnistía en los centros penitenciarios del país ni ha traducido la norma a las lenguas indígenas, a pesar de que los pueblos originarios son uno de los sectores potencialmente más beneficiados por la amnistía.

Por lo anterior, el Observatorio de Amnistías urgió a las autoridades a implementar campañas de difusión sobre la ley al interior de los centros penitenciarios de toda la nación y también para familiares de personas internas tanto en español como en el mayor número de lenguas indígenas posible.