Autoridades de justicia de Estados Unidos ordenaron el traslado de Los Ángeles a Nueva York del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos Zepeda, acusado por el gobierno de ese país de nexos con el narcotráfico y lavado de dinero que podrían implicar una condena desde 30 años de cárcel a cadena perpetua.

Así lo confirmaron anoche fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quienes agregaron que desde el viernes se dio la orden del traslado del general, aunque no se ha notificado su llegada a Nueva York.

El traslado se da luego de que se le negara la fianza para seguir el proceso en su contra en libertad.

Se trata de una operación de máxima seguridad y, por lo delicado del caso, el modo de traslado de Cienfuegos se mantuvo en sigilo, por lo que no se sabe si se ha dado por aire o tierra, e incluso ambos, indicaron los funcionarios de la cancillería consultados.

Detallaron que el Consulado General de México en Nueva York ya preparó la asistencia consular para Cienfuegos Zepeda y también se tiene autorizada una entrevista en privado con un abogado de la dependencia. Sin embargo, el ex titular de la Defensa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto tendrá que contratar un despacho estadunidense, pues los profesionales mexicanos no pueden litigar en aquel país.

Los cargos contra el general, también conocido como El Padrino, se formularon en Nueva York y el tribunal federal del distrito del este de esa ciudad será sede de su proceso judicial, que culminaría eventualmente en un juicio.

Son cuatro cargos en su contra: tres por conspiración de manufactura, distribución e importación a Estados Unidos de drogas ilícitas y un cargo por lavado de dinero, pues se le señala de haber abusado de su alto puesto para ayudar al cártel de El H-2 a traficar miles de kilos de diferentes narcóticos a territorio estadunidense y que, a cambio de sobornos, permitió que ese grupo delictivo actuara con impunidad en México.

En el cuarto cargo también se incluye conspiración para blanquear fondos procedentes del narcotráfico. Todo ello entre diciembre de 2015 y febrero de 2017.