En el contexto del confinamiento por la pandemia de Covid-19, en lo que va del presente año se han registrado más de 10 mil ingresos hospitalarios de niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de lesiones en su propio entorno familiar, advirtió la organización civil Save The Children (STC).

El colectivo señaló que los maltratos a menores de edad se han intensificado no sólo por el encierro que forzó la emergencia sanitaria, sino también por la idea arraigada de que los menores pueden ser educados con golpes y humillaciones, por lo que es necesario impulsar, a través de las leyes, un proceso de cambio de mentalidad.

En entrevista, Nancy Ramírez, directora de incidencia política y temas globales de STC, advirtió que desde hace varios años ha habido un aumento de la violencia en contra de los infantes hasta llegar en la actualidad a cifras sorprendentes e inadmisibles, entre ellas que en 2020 ocurren en promedio seis asesinatos diarios de niños y niñas.

Con base en estadísticas oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Instituto Nacional de Salud Pública, la organización resaltó también que seis de cada 10 menores de edad están siendo criados con formas violentas de disciplina, como golpes, humillaciones y amenazas.

Inseguridad en el hogar

El aumento en el uso de violencia contra niñas y niños, subrayó la especialista, ha provocado que en 2020 se hayan registrado más de 10 mil ingresos hospitalarios de infantes, debido a lesiones infligidas por algún familiar. En principio, el hogar debería ser el espacio de mayor seguridad para ellos, pero desafortunadamente vemos que no es así, apuntó.

Ramírez encomió que el Senado aprobara en septiembre un dictamen de ley que prohíbe el castigo corporal y humillante en contra de niños y niñas, pero advirtió que la iniciativa falta por ser confirmada en la Cámara de Diputados y, sobre todo, aún debe traducirse en campañas de información con un enfoque preventivo para aminorar esta práctica.

Un primer paso importante es esta prohibición, pero no con el propósito de criminalizar a los padres y madres o hacer que vayan a la cárcel, sino para visibilizar que una nalgada, un empujón o un grito son violencia, y que no son justificables como métodos de crianza, indicó.

La experta dijo tener claro que terminar con el castigo corporal contra menores será un proceso muy largo de transformación cultural y que nos costará trabajo como sociedad, pero pensamos que la pandemia de Covid-19 es un buen momento para replantearnos nuestras formas de vida y pensar qué estamos haciendo con los niños, niñas y adolescentes.