Las indagatorias relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014 han abierto nuevas líneas de investigación con respecto a las operaciones de los integrantes del cártel Guerreros Unidos, detectando que miembros de la familia Casarrubias Salgado, realizan actividades con fachada de legales por medio de las que realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita, y con las cuales presionan a empresarios y hasta operadores de transporte público para obtener contratos y concesiones.

Las indagatorias están divididas, por un lado lo que tiene ver exclusivamente con el paradero de los estudiantes que fueron atacados y privados de su libertad por policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco, y posteriormente entregados por los agentes a integrantes de Guerreros Unidos, está en manos de la Fiscalía Especial para el caso Iguala.

Por otra parte, en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) cuenta con diversas carpetas de investigación en las que se indaga a familiares de José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, entre ellos a su madre, Francelia Salgado, quien presuntamente controla varios de los negocios que operan con fachada de lícitos, como son diversas concesiones de transporte público de pasajeros en los municipios que controla Guerreros Unidos, principalmente en Iguala y Cocula, señalaron funcionarios.

Asimismo, indicaron se han adjudicado contratos de servicios a empresas mineras, que tienen que ver con la renta de góndolas (cajas de volteo que se utilizan para extraer minerales o materiales).

Los funcionarios consultados refirieron que respecto a estas operaciones que se consideran lícitas se están investigando los recursos de varios de los líderes de Guerreros Unidos, como parte de los dos millones de dólares que se entregaron en junio pasado a funcionarios del Poder Judicial de la Federación para que se otorgara la libertad a El Mochomo, quien había sido acusado de delincuencia organizada con base en una averiguación previa de 2014.

Como parte de estas investigaciones, en septiembre pasado fue detenido por el Ministerio Público Federal el abogado Arturo R, quien presuntamente fue el responsable de haber sobornado a los funcionarios y ahora enfrenta cargos por delincuencia organizada y lavado de dinero. Actualmente el litigante se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México.

Las autoridades entrevistadas señalaron que estas operaciones presuntamente lícitas, también han generado disputas territoriales con los grupos que rivalizan con Guerreros Unidos, principalmente con la organización conocida como Los Rojos.