n múltiples ocasiones el Presidente de la República ha declarado que en México no habrá maíces transgénicos. De ser cumplida esta promesa, el Estado Mexicano estaría a un paso más de saldar la deuda que tiene con el campo nacional, con las campesinas y campesinos, y con la población toda, para garantizar la autosuficiencia y soberanía alimentarias.

La producción de maíces transgénicos en el país representa un peligro para las variedades nativas a lo largo y a lo ancho de nuestra nación, debido a la posible contaminación genética y a la pérdida de estas variedades. Recordemos que México es considerado centro de origen del maíz, lo cual hace aún más urgente la protección de estas semillas. Además, los granos transgénicos son parte de un paquete tecnológico agroindustrial, que incluye el uso de agroquímicos tóxicos, como el glifosato, los cuales afectan sensiblemente el medio ambiente y la salud de las personas.

En un mensaje emitido a su salida de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el pasado 2 de septiembre (https://bit.ly/2Tyah8P), el doctor Víctor Manuel Toledo Manzur afirmó que: el decreto que publicará el Presidente en los próximos días sobre la prohibición del maíz transgénico, y el veto gradual del glifosato, marcarán un parteaguas en la historia ambiental del país. Sin embargo, la agroindustria, representada por empresas de agroquímicos y el mejoramiento genético de semillas (transgénicos), cuya influencia se traslada a instituciones gubernamentales y espacios de toma de decisiones, busca que no se materialicen las acciones encaminadas a hacer realidad un decreto de prohibición del glifosato y de los maíces transgénicos.

El pasado 23 de octubre, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) publicó en el sitio web de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) un presunto proyecto de decreto del Ejecutivo que no prohíbe el uso del glifosato ni del maíz transgénico. Por el contrario, deja abierta la posibilidad de que continúe el uso de este herbicida y se siembre maíz transgénico (https://bit.ly/3kD3hDJ). Esta es la tercera vez que la Sader hace pública una propuesta de decreto que no responde a los acuerdos alcanzados entre las instancias gubernamentales competentes, como en la anterior ocasión, cuando incluso la Semarnat no fue consultada.

En una carta pública dirigida a Andrés Manuel López Obrador (https://bit.ly/3mzl7bk) y entregada el pasado 28 de octubre en la Presidencia de la República, se exhorta al Ejecutivo a retirar este proyecto de decreto del sitio web de la Conamer, y a relaborar la propuesta acorde con sus promesas y acuerdos políticos alcanzados con las secretarías y organismos reguladores involucrados. En ella son señalados explícitamente el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, y el Consejero Jurídico de Presidencia, Julio Scherer, por haber hecho público dicho proyecto de decreto. Firmada por más de 230 organizaciones no gubernamentales, colectivos, redes, académicos e investigadores, esta carta reitera el interés genuino por la revalorización de la agricultura campesina, la defensa del campo, la milpa, los maíces nativos y la protección de la biodiversidad como base de una alimentación sana y diversa para todas las personas, y para alcanzar la autosuficiencia y la soberanía alimentarias en la República Mexicana.

Han sido numerosas las acciones que se han llevado a cabo para frenar los daños que la agroindustria ha ocasionado y busca continuar. Muchas de ellas desde la sociedad civil organizada, las comunidades campesinas e indígenas y las colectividades. Por ejemplo, desde 2013 la Demanda de Acción Colectiva contra el Maíz Transgénico ha logrado, por mandato judicial, suspender los permisos para la siembra de maíces transgénicos en México, mientras se desarrolla un juicio ante la Suprema Corte. Por otro lado, en junio de 2019 un grupo de más de 200 organizaciones, colectivos, redes, académicos, e investigadores y defensores de derechos humanos, entregaron a López Obrador la solicitud y propuesta de un decreto presidencial titulado México libre de OGM (Organismos Genéticamente Modificados), el cual tiene como objetivos proteger a productores del campo, a las semillas nativas o criollas y a la diversidad biocultural que integran el sector primario en México. Esta Solicitud no tuvo respuesta por parte del Ejecutivo, por lo que se actualizó y entregó nuevamente en junio pasado.

El decreto presidencial de prohibición gradual del glifosato y la proscripción de maíces transgénicos debe considerar y adoptar el principio de precaución para proteger no sólo el medio ambiente, sino también la salud de campesinos, de los productores de alimentos de pequeña y mediana escala y de los consumidores. Únicamente así podremos alcanzar la autosuficiencia y soberanía alimentarias, revalorar el campo mexicano y con ello garantizar los derechos humanos a la alimentación, a la salud y a un medio ambiente sano.