l miércoles, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas informó el hallazgo de 59 cuerpos en fosas clandestinas del municipio de Salvatierra, Guanajuato. Un día después, la titular de dicho organismo, Karla Quintana, actualizó la cifra a 61 cadáveres en total. El descubrimiento de estas inhumaciones ilegales se realizó gracias a la labor de colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada, quienes han señalado a las autoridades reportes de que podría haber otras fosas en los municipios de Celaya, Guanajuato, Irapuato, Juventino Rosas, Villagrán, Jaral del Progreso y Jerécuaro.
Apenas a inicios de mes, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, presentó un informe sobre la situación de las personas desaparecidas en el cual daba cuenta de las proporciones del horror de las fosas clandestinas: 4 mil 92 habían sido localizadas hasta el momento en el país, y de ellas se exhumaron 6 mil 90 cuerpos.
Ya en abril de 2017, la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó de aterradoras las dimensiones que la desaparición de personas había cobrado en México a diez años de que el ex presidente Felipe Calderón declarase su fallida guerra contra el narcotráfico, y desde entonces el fenómeno no ha hecho sino crecer: hasta ese momento se habían encontrado 855 fosas, pero el empeño de los familiares por dar con sus seres queridos, así como una mejor disposición gubernamental en la actual administración, han sacado a la luz un número ya inmanejable –en lo institucional, en lo emocional e incluso en lo intelectual– de estos enterramientos.
Esta herencia nefasta de la guerra contra el narcotráfico ha convertido a todo el país en un camposanto y se ha erigido en uno de los síntomas más visibles y dolorosos de la tragedia que azota a México. De un caso aislado o una serie de hallazgos macabros, las fosas clandestinas han pasado a ser una verdadera red de afrentas que interpelan al sentido humano del conjunto de la sociedad. Mientras las familias comenzaron a rebelarse contra el desdén oficial y la imposición de la ignorancia sobre el paradero de sus padres, hermanos, hijos; la repetición de los hallazgos y el discurso que durante mucho tiempo criminalizó a las víctimas llevaron a una normalización de esta forma extrema de violencia que ningún grupo humano debería permitirse.
Cada descubrimiento como el que tuvo lugar esta semana en el municipio de Salvatierra, Guanajuato pone a los ciudadanos ante una tragedia cuya magnitud no termina de calibrarse, al tiempo que constituye un nuevo recordatorio de los pendientes de las autoridades en materia de impartición de justicia y erradicación de la violencia. Tan urgente como dar con todas las fosas que existen, identificar los cuerpos y entregarlos a los deudos, es crear las condiciones para que no se realice una inhumación clandestina más.
