Desde el surgimiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en 2014 y hasta mediados de este año, los usuarios de dicha institución han interpuesto más de 700 quejas o juicios de amparo para impugnar diversas fallas de sus funcionarios, relacionadas sobre todo con actos de opacidad, incumplimiento de leyes y descuido en el cumplimiento de sus obligaciones, reveló un estudio de la organización de litigio estratégico en derechos humanos Idheas.

Jorge González Hernández, integrante del área de investigación del organismo, detalló en entrevista con La Jornada que el propósito de la investigación fue documentar cuáles son las principales inconformidades de las personas que solicitan el apoyo de la CEAV, quienes en muchas ocasiones se quejan de ser revictimizadas, enfrentarse a trámites engorrosos y hasta tener que litigar contra la institución para ejercer sus derechos.

Uno de los hallazgos del estudio fue que desde 2014 y hasta mayo de 2019, el Órgano Interno de Control de la CEAV ha recibido un total de 476 quejas de usuarios en contra de la institución, de las cuales la mayor cantidad (170) es por el carácter omiso o extemporáneo de las declaraciones patrimoniales de sus funcionarios, seguida del incumplimiento de diversas leyes y reglamentos (114) y el descuido o falta de atención en el cumplimiento de las obligaciones del personal (100).

Del universo total de quejas, 242 (50.8 por ciento) fueron archivadas, es decir, no se procedió de ninguna manera contra los supuestos responsables; en 25: el organismo se declaró incompetente; en una, alegó la improcedencia del expediente y en 105 se generaron responsabilidades administrativas de los funcionarios, pero sin que las estadísticas oficiales indiquen el tipo de castigo que se les impuso.

De igual manera, en el mismo periodo se interpusieron 242 juicios de amparo en donde la CEAV fue señalada como autoridad responsable por tres temas en particular: omisión de dictar la resolución correspondiente generada por una solicitud de acceso a los recursos del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral (166); omisión de responder a escritos de solicitud (19) y resolución dictada de los expedientes administrativos generados por una solicitud de acceso a los recursos del fondo de ayuda (19).

A lo anterior se suman 53 expedientes de queja presentados ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de los cuales en dos casos se llegó incluso al punto de que se emitiera una recomendación.

Todo ello, afirmó González, demuestra que hay un alto nivel de omisión y opacidad en la CEAV. No hay controles efectivos en el interior de la comisión ni rendición de cuentas y eso no es algo del presente sino que se ha presentado desde el inicio de operaciones del organismo.