A dos años y medio de las primeras amenazas de muerte contra el periodista Emir Olivares, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) ha desestimado las evidencias y no ha judicializado el expediente iniciado en 2017.

Por ello ahora tendrá que comenzar de nuevo y definir si existen vínculos entre las amenazas surgidas por la publicación de un reportaje de narcomenudeo en la Universidad Nacional Autónoma de México en aquellas fechas y el allanamiento del domicilio del informador y las decenas de mensajes intimidatorios que recibió después.

El reportero de La Jornada fue incluido en 2017 en el programa de protección a periodistas debido a las amenazas de muerte que recibió, y aunque la entonces Procuraduría General de la República (PGR) integró una carpeta de investigación, nunca se avanzó ni se conoció a los responsables de la intimidación.

La Feadle obtuvo algunos indicios sobre los probables responsables, pero los desestimó. Incluso su titular llegó a asegurar que esas evidencias no eran preocupantes y ahora retornaron las amenazas y su domicilio fue allanado.

En entrevista, el fiscal Ricardo Sánchez Pérez del Pozo indicó a La Jornada: Estamos en un trabajo muy importante respecto al análisis de videos, la recolección de testimonios y el seguimiento a través de las cámaras de vigilancia para dar con quienes irrumpieron en la casa del periodista.

Se le preguntó qué ocurrió con la carpeta de investigación iniciada en 2017 y respondió que no había elementos para que se judicializara.

En esta ocasión, agregó Ricardo Sánchez Pérez, se podrían tener avances sustanciales en la investigación de las nuevas amenazas. La Feadle va a esperar a que tengamos el análisis de toda la información que ya se tiene, expuso.

Las autoridades poseen las videograbaciones de lo sucedido el viernes pasado, en las que se observa que los sujetos se dirigieron directamente a la puerta del departamento del reportero para ingresar de manera ilegal y posteriormente le enviaron mensajes intimidatorios.

Prioridades

Añadió que la Feadle ha dado “prioridad a tres vertientes delictivas, casos de gran impacto, como los homicidios de Javier Valdez y Miroslava Breach, así como los delitos que más se denuncian, que tienen que ver con amenazas y delitos cometidos por autoridades locales, estatales y municipales. Hemos incrementado de manera significativa el número de consignaciones y judicializaciones: mientras en 2016 se ejerció acción penal en 16 casos, en 2017 se llegó a 20 y en 2018 a 37, y de enero a noviembre de este año se han puesto a disposición de jueces 38 asuntos, logrando una efectividad de sentencias de 95 por ciento.