En el país prevalece un modelo de gestión del agua excluyente e insostenible que favorece los negocios privados. Las zonas con más agua y gran población indígena tienen mayor carencia, falta voluntad política para atender su abastecimiento, y en los pasados seis años hubo 303 ataques a defensores ambientales, advierte el Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua y saneamiento.

Aunque datos oficiales indican que la cobertura de agua potable es de 92.3 por ciento de la población y de 91 por ciento en alcantarillado, lo que se mide es la infraestructura no el acceso real, continuo, suficiente, de buena calidad y asequible.

Ejemplifica que en Iztapalapa hay tomas domiciliarias a las que llega agua insalubre y se contabilizan como acceso al líquido.

Así, las políticas públicas basadas en estos datos no atienden los problemas, se señala que es un derecho cubierto y ya no hay pendientes, pero la realidad es que millones de mexicanos no gozan de él, señala el documento elaborado por la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, Agua para todos Agua para la Vida, entre otras decenas de organizaciones y que fue presentado a Léo Heller, relator de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua y saneamiento, quien presentará un informe sobre esta materia.

Menciona que hay opacidad e ineficiencia en la operación de los organismos operadores de agua potable, argumento que se utiliza para impulsar su privatización. Y aunque se reconoce la importancia de la conservación de los recursos hídricos, se fomenta la sobreexplotación y contaminación con el otorgamiento de miles de concesiones a industrias extractivas, para los megadesarrollos, se fomenta la construcción de presas y acueductos.

En cuanto a saneamiento, indica que las aguas residuales deberían llegar a plantas de tratamiento, pero en la mayor parte de las localidades, la población tiene contacto con ellas en los ríos, barrancas y el mar. Destaca que hay datos que reportan que entre 70 y 90 por ciento del agua superficial está contaminada. El caso del río Santiago en Jalisco, es un ejemplo.

Apunta que los acuerdos de privatización del servicio, promovidos por el Banco Mundial, han sido injustos para los municipios y los usuarios, dañinos para el medio ambiente, opacos y no aseguran el respeto a los derechos humanos al agua y al saneamiento. Durante la gestión de las empresas privatizadas, las autoridades municipales no se han preocupado por las violaciones al derecho humano al agua y su respuesta a las quejas y demandas ciudadanas ha sido nula, en ningún caso se han aplicado sanciones a las empresas privadas.

En las ciudades donde se ha privatizado el servicio (Aguascalientes, Cancún, Isla Mujeres, Solidaridad, Navojoa, Saltillo, Ramos Arizpe, Puebla, Veracruz y Medellín) hay violaciones al derecho: mala calidad del agua, aumentos excesivos de tarifas, cortes del servicio y falta de transparencia. Destaca que en meses recientes ha sido evidente la presión del Banco Mundial para la privatización del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Los estados que encabezan la lista de mayor rezago en el servicio durante los pasados 15 años, coinciden con los de mayor porcentaje de servicio deficiente y son los de mayor presencia indígena: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Campeche, Hidalgo, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Yucatán

Destaca que entre 2010 y 2016 se presentaron ataques a defensores ambientales sobre todo en los estados de México y Sonora con 12 casos, seguidos de Oaxaca con seis, Puebla cinco, Colima y Campeche, con cuatro casos cada uno, entre otros. Se trata de amenazas, intimidación, criminalización y agresiones físicas. Señala que la corrupción y la impunidad son factores que propician estas agresiones así como el incremento de los conflictos socioambientales por los intereses económicos implicados, el desequilibrio del poder entre los estados, las empresas y los defensores de los derechos humanos.