Los coordinadores de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, Fernando Herrera y Miguel Barbosa, lamentaron que el presidente Enrique Peña Nieto sólo haya vetado el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades por presiones de los empresarios y haya dejado fuera el artículo 29 de esa legislación, que eliminó la obligación de los funcionarios, legisladores, jueces y ministros de hacer públicas sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, pese a ser un reclamo ciudadano.

Herrera y Barbosa se manifestaron dispuestos a convocar de inmediato a un periodo extraordinario. Advirtieron que el Congreso puede modificar la redacción del artículo 32, pero no dejar fuera a los empresarios de las obligaciones que impone el Sistema Nacional Anticorrupción a los servidores públicos.

El presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero, sostuvo que hizo bien el presidente Peña Nieto en vetar el artículo 32, ya que no se tuvo tiempo de revisar y redactar bien, porque fue aprobado la madrugada del jueves pasado. Nosotros no lo redactamos, sostuvo, y consideró que en dos semanas se podría llevar a cabo el periodo extraordinario en el que se discutirían las observaciones del Ejecutivo.

El perredista Barbosa insistió en que fue un error político de Peña Nieto sólo vetar el 32, que en realidad está mal redactado, porque el Revolucionario Institucional (PRI), por conducto del senador de Nueva Alianza Manuel Cárdenas, lo presentó sorpresivamente con un conjunto de reservas que se votaron en la madrugada.

Expuso que esperarán a revisar el documento –que hasta las 22 horas no había llegado al Senado–, pero no debe eliminarse la obligación de los empresarios, sobre todo de quienes hacen negocios con el gobierno, de presentar sus tres declaraciones.