El presidente Enrique Peña Nieto vetó ayer el controvertido artículo 32 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, aprobado la semana pasada por el Congreso de la Unión como parte del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y conocido como ley 3 de 3, el cual obligaba a todo particular que tuviera tratos con el gobierno a presentar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses.

El consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, anunció anoche en un mensaje por Internet la determinación del mandatario de ejercer su facultad constitucional de realizar observaciones a las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión –el veto– y solicitará al Legislativo un periodo extraordinario para enmendar dicho artículo en sus incisos b y c, así como 15 más relacionados con el mismo.

Esta decisión se anunció dos días después de una reunión de más de tres horas en Los Pinos del presidente Peña con dirigentes de las cúpulas patronales, quienes le manifestaron su desacuerdo con lo aprobado por el Congreso. Luego de ese encuentro, el líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, anticipó que el jefe del Ejecutivo podría vetar este artículo contenido en una de las leyes secundarias del SNA.

Así ocurrió. En su intervención de seis minutos, Castillejos aludió únicamente a los preceptos relacionados con aquellas obligaciones para que todo particular sea un individuo o una empresa que reciba o ejerza recursos públicos o contrate con cualquier instancia del gobierno, debe presentar sus declaraciones patrimoniales, es decir, dar a conocer a la autoridad todo su patrimonio y su declaración de intereses. Pero no mencionó la declaración fiscal.

Ese mismo artículo, resaltó, señala que todas las personas que laboran en una compañía contratante con el gobierno, es decir, la totalidad de los trabajadores de una empresa, sin importar su función dentro de la misma, tendrían que presentar estas dos declaraciones.

El gobierno de la República –añadió– ha escuchado con atención las voces que argumentan que esta medida es excesiva y haría inoperante el SNA, ya que sería imposible procesar millones y millones de declaraciones, además de inhibir a los particulares a prestar servicios o vender productos al gobierno, y afectaría a personas no vinculadas con contrataciones, como beneficiarios del programa Prospera o los becarios del Conacyt, entre otros.

Tales críticas han señalado un problema real para la operatividad del SNA y resultaría contrario a los derechos humanos previstos en la Constitución, porque afectaría de manera excesiva la vida privada y la protección de los datos personales de los mexicanos e incluso de extranjeros que trabajen para una empresa trasnacional.

Con el veto, indicó Castillejos, el presidente Peña propone modificaciones para fortalecer el SNA y de ninguna manera disminuye las capacidades de las autoridades para investigar y sancionar a los particulares que actúen de forma irregular ante el Estado.

Además, con tales observaciones parciales el presidente Peña busca colaborar con el Poder Legislativo, para fortalecer a las instituciones y garantizar que las normas aprobadas se apeguen a la Carta Magna.

El SNA es de y para los ciudadanos, con el fin primordial de proteger su derecho a que los recursos que aportan con sus impuestos se usen de la mejor manera posible, con transparencia y con honestidad.

Desde su enunciado como parte de la legislación secundaria del SNA, la obligación de trasladar el llamado 3 de 3 a los particulares provocó la irritación del sector patronal. Incluso, en un hecho inusitado, afiliados a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se manifestaron en las escalinatas del Ángel de la Independencia contra esa disposición.

Una vez aprobada la ley, llevaron su reclamo a Los Pinos, que ayer la vetó.