A cuatro días de que un grupo de senadores y diputados de PRI, PRD y Verde Ecologista presentaron ante la Comisión Permanente una iniciativa encaminada a reglamentar la reproducción humana asistida, las críticas provenientes de legisladores del PAN y de grupos conservadores se han multiplicado.

Incluso, el doctor José Manuel Ramos Kuri, director de la División de Bioética del Centro de Investigación Social Avanzada, hizo llegar un documento en el que advierte que el proyecto contiene lagunas, sobre todo en torno a la congelación de embriones, y no incluye sanciones para los profesionales que negocian con la reproducción asistida.

La iniciativa que reforma la Ley General de Salud la signan la mayoría de las legisladoras priístas, perrredistas y del Verde en ambas cámaras, entre ellas las senadoras María de los Angeles Moreno, Yeidckol Polevnsky y María Rojo, y las diputadas Cristina Díaz –secretaria general del PRI-, Claudia Ruiz Massieu y Marcela Guerra, entre otras. En la exposición de motivos se precisa que la intención es ayudar a las parejas que tienen dificultades para procrear, acercándolos a los adelantos tecnológicos y las nuevas técnicas científicas en materia de reproducción asistida.

En la iniciativa se define como células germinales a las células reproductoras masculinas y femeninas capaces de dar origen a un óvulo fertilizado. Se establece que podrán beneficiarse de las técnicas de reproducción asistida todos los individuos mayores de edad, previo otorgamiento del consentimiento informado. En el caso de mujeres casadas se deberá contar, además, con el consentimiento informado del cónyuge.

Prohíbe comercializar células germinales y óvulos fertilizados, así como la clonación con fines reproductivos, pero permite que los óvulos fertilizados que no sean utilizados inmediatamente para su transferencia podrán ser crioconservados durante un periodo máximo de cinco años a partir de su formación.

Asimismo, señala que para la utilización de células germinales, los individuos podrán donar en todo momento sus células a un banco y podrán ser utilizadas de un mismo donante con fines de reproducción asistida, sin que se exceda un máximo de seis nacidos vivos.

Ramos Kuri también consideró que la iniciativa deja abierta la puerta a la producción y congelación masiva de embriones, además que carece de una regulación para evitar el tráfico de los mismos.

Otras opiniones en contra han llegado al Senado, algunas anónimas, pero en las que se alude al caso del médico argentino Ricardo Asch, acusado de cometer irregularidades en Estados Unidos, entre ellas la de utilizar óvulos sin el permiso de pacientes, lo que derivó en escándalo cuando se detectó que algunos niños no eran hijos de quienes se acreditaban como sus padres.