El Congreso de la Unión citó a comparecer al titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Blake Mora, para que explique sobre las medidas adoptadas para proteger a los migrantes y evitar que sean secuestrados por bandas del crimen organizado.

Igualmente, le solicitó un informe sobre la depuración del personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y el avance en la elaboración del reglamento de la Ley de Migración.

Asimismo, por medio de la Procuraduría General de la República (PGR) y, en la esfera de su competencia, de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, exhortó al Ejecutivo federal a que se agilicen las investigaciones y se castigue a los responsables del secuestro de indocumentados ocurrido el pasado 24 de junio en Medias Aguas, Veracruz, y para que informe sobre el avance en la creación de la fiscalía especializada en prevención y atención de delitos cometidos contra migrantes, propuesta por la mesa de trabajo del Senado en la materia.

El punto de acuerdo aprobado por la Permanente exhorta además al titular de Gobernación; al comisionado del INM, Salvador Beltrán; a la procuradora general de la República, Marisela Morales, y al secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, a aplicar medidas inmediatas que garanticen la vida y el respeto a los derechos humanos de los indocumentados.

La comisión dictaminadora refiere que el punto de acuerdo fue presentado a raíz del plagio de migrantes ocurrido el 24 de junio en Veracruz, y apunta que el sacerdote Alejandro Solalinde, director del Albergue Hermanos en el Camino, ubicado en Ixtepec, Oaxaca, denunció que entre 60 y 80 centroamericanos fueron secuestrados cerca de la estación de ferrocarriles en la población de Medias Aguas.

Los legisladores integrantes de dicha comisión deploraron toda agresión contra las personas que atraviesan el país en su intento de alcanzar una vida mejor. Sin importar cuál sea su estado migratorio, las instituciones del Estado están obligadas a garantizar la seguridad y los derechos humanos de todas las personas, señalan.

Destacan también que el artículo primero de la Carta Magna establece: en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.