Por unanimidad, la Comisión Permanente demandó que los operativos conjuntos en materia de seguridad pública que realiza la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se ejecuten con estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos y que, en ese sentido, cada 15 días hagan llegar un reporte al Congreso de la Unión.

Asimismo, los legisladores pidieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que se mantenga atenta a que en el desarrollo de estas operaciones se preserven los derechos humanos.

La comisión dictaminadora señala que uno de los problemas más serios que enfrenta actualmente México es la inseguridad pública. Los índices de delincuencia común y los delitos relacionados con el crimen organizado han crecido en los años recientes. Esta situación ha llevado a muchos especialistas y a quienes toman las decisiones a promover cambios de política pública orientados a aumentar la efectividad de la policía y el Ministerio Público en el combate a la delincuencia, incluyendo sistemas de excepción que dotan de mayores atribuciones a la autoridad frente al crimen organizado.

Los legisladores resaltaron que sin duda la seguridad pública es uno de los reclamos sociales persistentes y prioritarios en los últimos años. En el contexto de esta demanda, los derechos humanos en México se ha convertido en una referencia necesaria, al grado de que su mención en cualquier etapa del proceso de seguridad, procuración y administración de justicia se ha deteriorado de manera alarmante, paradójicamente vulnerando cada vez más esa seguridad ciudadana.

La comisión dictaminadora consideró que los organismos nacionales e internacionales han expresado su creciente preocupación en torno a violaciones de derechos humanos vinculadas con las estrategias de combate al crimen organizado, y critican por tal motivo a las autoridades acusándolas de anteponer esta lucha por encima del respeto y garantía de estos derechos.

En ese sentido, apunta, el respeto a los derechos humanos es condición indispensable para una verdadera seguridad pública, por ello resulta prioritario que el Estado cuente con cuerpos de seguridad eficaces, por lo que debe profesionalizarlos y dignificarlos.

Por otra parte, la Permanente manifestó su desacuerdo en que la figura del arraigo penal se extienda a casos no previstos en la Constitución, y por tanto “evitar que dicha figura sea aplicada para los delitos del fuero común previstos en los códigos penales de las entidades federativas, ya que esto contraviene el espíritu de la reforma constitucional de derechos humanos recientemente aprobada.