La Procuraduría General de la República (PGR) deberá citar a declarar a los militares en activo que participaron en las desapariciones forzadas durante la guerra sucia en Guerrero, aseveró Tita Radilla, dirigente de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violación a los Derechos Humanos. Ese ha sido el objetivo de nuestra lucha, apuntó.

Tras conocer la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que restringe el fuero militar para que los miembros de las fuerzas armadas que violen las garantías fundamentales puedan ser juzgados en tribunales civiles, apremió a la PGR a agilizar las investigaciones. La procuraduría normalmente ha sido muy lenta en esta materia, señaló.

La activista, quien desde el 25 de agosto de 1974 empezó la búsqueda de su padre, Rosendo Radilla –detenido y desaparecido ese día por militares en un retén de Atoyac, Guerrero–, consideró que la determinación del máximo tribunal es un logro de esta lucha de tanto tiempo, por lo que propuso cumplir el fallo y no soslayar las leyes en materia de derechos humanos.

“Debemos estar pendientes no sólo las familias que venimos denunciando (desde hace 37 años) los abusos cometidos por militares en la guerra sucia, porque hoy continúan las violaciones de soldados en contra de decenas de familias, debido a la violencia en el país.”

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña calificó de histórico el resolutivo aprobado por la SCJN, y consideró que ahora el Poder Judicial deberá asegurarse de que sean remitidos a tribunales civiles los casos en que estén implicados militares como probables responsables de violaciones a los derechos humanos.

Entre esos casos señaló los de Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, y los ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, también resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en agosto de 2010.

La activista Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla, víctima de desaparición forzada, en imagen de archivoFoto Notimex

Recordó que tanto Valentina Rosendo Cantú como Fernández Ortega fueron violadas sexualmente por elementos del Ejército en 2002, sin que hasta ahora haya justicia. Desde el 16 de mayo de 2002 la denuncia de Valentina Rosendo fue remitida al fuero militar. Un día después, el 17 de mayo, ocurrió lo mismo con la de Inés.

Agregó que Montiel Flores y Cabrera García fueron detenidos arbitrariamente y violentados en su integridad a manos de militares en 1999.

Juliana García Quintanilla, coordinadora de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, aseguró que en esta entidad militares y marinos deben ser castigados por la desaparición forzada de Jethro Ramsés Sánchez Santana, así como por los asesinatos de Patricia Terroba de Pintado y de Ignacio Aguilar.

De acuerdo con la CNDH, Terroba murió el 11 de diciembre de 2009 en el fraccionamiento Los Limoneros, en Cuernavaca, cuando un grupo de marinos realizó una operación para atrapar al jefe del cártel de las drogas Arturo Beltrán Leyva.

A su vez, Ignacio Aguilar pereció el 16 de diciembre de 2009 en un operativo de marinos en el fraccionamiento Altitude, también en la capital morelense, donde fue abatido Beltrán Leyva.

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, Alejandro Etienne Llano, presidente del Supremo Tribunal de Justicia estatal, informó que espera que la SCJN les notifique la resolución para que los 90 juzgados en esa entidad conozcan las demandas que existen en contra de castrenses que hayan vulnerado las garantías individuales.