La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Olga Sánchez Cordero confirmó que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso del luchador social Rosendo Radilla, desaparecido por miembros del Ejército en 1974, es de cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano.

En entrevista con una estación de radio, la magistrada enfatizó que las resoluciones de la justicia interamericana deben ser acatadas, y no se trata sólo de un criterio orientador, como han afirmado algunos de sus colegas.

El único caso en el que podría ser válido que las instituciones del país tomen así las sentencias de la CIDH, explicó, es cuando se trate de un asunto en el cual el gobierno nacional no sea parte directamente involucrada, pero en el caso Radilla esta es una condena que el Estado mexicano tiene que acatar, y si no la acata incurriría en una responsabilidad inclusive de carácter internacional.

Agregó que lo anterior obliga a los tres poderes a actuar en lo que les corresponde. Así, el Congreso debe hacer modificaciones legales, y el Ejecutivo tiene que garantizar el cumplimiento de los resolutivos mediante nuevas políticas públicas que conduzcan a la observancia de los derechos constitucionales.

Por otro lado, señaló que algunos casos de interés público ahora podrán ser abordados por las cortes civiles.

La semana pasada, porque no existía este criterio (...), no habíamos resuelto esta sentencia de la Corte (...) El tribunal colegiado resolvió con la anterior jurisprudencia que el conflicto competencial iba a ser conocido por un tribunal castrense en un asunto en donde se violaron derechos humanos de alguna persona.

La ministra se refirió así al caso de Jethro Ramsés Sánchez Santana –desaparecido, torturado y ultimado por soldados, como admitió ya el propio Ejército– y al de Jorge Otilio Cantú Cantú, asesinado en abril de este año por uniformados y luego criminalizado para ocultar el homicidio.