La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que restringe el fuero militar se dio a partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en 1974 durante la guerra sucia.

Radilla Pacheco, detenido ilegalmente por militares el 25 de agosto de ese año en Atoyac de Álvarez, Guerrero, y desaparecido desde entonces, fue un líder social que trabajó por la salud y educación de ese municipio, del cual fue alcalde.

Fue visto por última vez en el ex cuartel militar de Atoyac de Álvarez. Cuando preguntó por qué se le aprehendía, los soldados respondieron que por componer corridos en favor del guerrillero Lucio Cabañas.

Su familia denunció este delito de lesa humanidad ante las instancias de procuración de justicia nacionales. El caso fue parte de la investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que concluyó con un informe especial sobre desapariciones forzadas publicado en 2001 conjuntamente con la recomendación 26/2001.

La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado –creada en el gobierno de Vicente Fox– atendió las investigaciones. Tras la desaparición de la Femospp, el 30 de noviembre de 2006, el caso se remitió a una instancia de la PGR.

Al no hallar justicia en el país, los familiares acudieron en noviembre de 2001 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el 27 de julio de 2007 emitió una serie de recomendaciones al Estado mexicano al respecto.

Debido a que México no dio respuesta efectiva, en marzo de 2008 la CIDH lo demandó ante el tribunal interamericano por violación a delitos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Tras un largo análisis, en noviembre de 2009, la Corte Interamericana emitió una sentencia en la que condena al Estado mexicano por graves violaciones a las garantías fundamentales y señala al Ejército como responsable de la desaparición de Radilla Pacheco.