Cuernavaca, Mor., 13 de julio. Los deudos de Jethro Ramsés Sánchez Santana solicitaron al juez quinto militar que decline su competencia en favor de los jueces penales civiles de Cuernavaca en la investigación sobre tortura, homicidio e inhumación clandestina del joven, informó el abogado Cipriano Sotelo Salgado.

La petición se basa en que los hechos ocurrieron en esta ciudad, en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó el martes la restricción del fuero militar y en que la pena máxima que marca el Código de Justicia Militar es de 20 años de prisión, mientras las autoridades civiles del estado pueden imponerles hasta 70 años.

Además, el artículo 13 de la Constitución de la República señala: Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.

Sánchez Santana fue detenido el primero de mayo por policías municipales y éstos supuestamente lo entregaron a agentes federales y militares. Desde esa fecha ya no se supo de su paradero.

El primero de julio la Policía Judicial Militar detuvo a José Guadalupe Orizaga y Guerra y Edwin Raziel Aguilar Guerrero, integrantes del 21 batallón de infantería de la 24 Zona Militar, acusados de participar en la desaparición de ese joven y de su primo, Horacio Hernández, quien fue golpeado y tirado en Miacatlán, en el sur del estado.

Según el abogado, en el expediente 331/ 2011, los dos militares confesaron que Jethro Ramsés murió en sus instalaciones y que su comandante, Guadalupe Arias, les ordenó deshacerse del cuerpo, el cual tiraron en un predio de Atlixco, Puebla.