El procurador del Consumidor, Bernardo Altamirano Rodríguez, expuso ante diputados que el caso de la ex subprocuradora de Verificación, Gladis López Blanco –esposa del secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas–, quien está acusada de extorsión a propietarios de gasolinerías, está cerrado y sólo se encuentran encarcelados seis verificadores, a los que se les impuso la justicia.

Al comparecer en la Comisión de Economía para aclarar el avance de la denuncia contra López Blanco, de cobrar 50 mil pesos a cada estación de servicio por avisar que se llevaría a cabo una verificación de bombas despachadoras, el funcionario dijo que ese caso no implica que todas las revisiones adolezcan de los mismos vicios.

El priísta Guillermo Ruiz de Teresa recordó que en abril la Secretaría de Economía informó en un comunicado que la alteración de las máquinas para despachar menos litros de lo que se cobra a los consumidores representa para éstos una pérdida de 47 mil millones de pesos al año.

Pero, además, señalaban que cinco mil de las nueve mil gasolinerías que hay en el país tienen ese problema; cobrarles 50 mil pesos a cada una por avisarles que habría una verificación resultó un gran negocio, afirmó.

En la misma comparecencia, el subsecretario de Economía, José Torre Medina, informó que para 2012 se espera que entre en vigor una norma para evitar la alteración de las bombas, aunque, dijo, ello no resolverá el robo a los automovilistas.

Siempre hay espacios para la discrecionalidad, reconoció.

Incluso, el procurador del consumidor dijo que aun cuando no se avisara a los gasolineros de las inspecciones, el resultado de éstas sólo representa una fotografía instantánea de un momento determinado, y citó que una sola estación de servicio –no dijo cuál– acumuló una denuncia cada dos meses y los inspectores no pudieron comprobar que alteraba sus bombas.

Con este ejemplo subrayo que el proceso retrata una medición, pero nada asegura que el resultado se mantenga, y que no se vulnere la equidad consumo-pago, expresó.

Rubén Durán Miranda, quien ocupa el cargo que dejó la esposa del secretario de la Función Pública, a una pregunta del priísta José Luis Velasco Lino, respondió que como las bombas son controladas desde las oficinas de los propietario, éstos las pueden alterar a control remoto, y la única posibilidad de detectarlo es cuando se corrobora que está autorizado el software con que operan.