Rafael Rodríguez Dircio, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y beneficiario de medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue detenido en un retén por elementos de la policía investigadora ministerial de Guerrero y llevado a una prisión de Ayutla de los Libres, denunció el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.

La organización sostuvo que el activista indígena está preso desde el pasado 29 de junio, acusado de participar en el asesinato de Alejandro Feliciano García, informante del Ejército, en la comunidad de El Camalote, en 2008, delito que no cometió.

Javier Zúñiga Mejía Borja, asesor especial en programas regionales de Amnistía Internacional, envió una carta al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, en la que manifiesta su preocupación por la detención del indígena, “dado el patrón de hostigamiento que los integrantes de la OPIM han experimentado durante varios años a consecuencia de sus actividades legítimas por abogar por los derechos de los indígenas me’phaa”.

En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan asentó que la acusación en contra de Rodríguez Dircio se basa en pruebas que han sido consideradas inconsistentes en diez casos más de integrantes de la OPIM, cinco de ellos originarios de El Camalote.

Hoy, el juez mixto Inocencio Garduño dictaminará sobre el caso, al cual la ONG guerrerense considera ilegal, ya que se han presentado pruebas contundentes sobre su inocencia.

La detención del indígena muestra claramente que la persecución contra los defensores no ha cesado, consideraron.