Madrid, 4 de julio. Rosa Isela Pérez es la primera periodista mexicana con el estatus de asilada política en España. Se fue de México asustada por las reiteradas amenazas que sufrió durante años por sus investigaciones sobre los feminicidios en su natal Ciudad Juárez, pero también a raíz de su testimonio en el caso del Campo Algodonero en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las amenazas –sostiene– procedían de funcionarios públicos estatales y federales aliados con el crimen organizado. Temió por su vida y la de su familia –su esposo y sus tres hijos de 15, 14 y 5 años de edad–, y ante la pasividad del gobierno decidió convertirse en una de los 40 mil mexicanos que en los últimos cuatro años han solicitado asilo en otros países ante el riesgo latente y real de ser ejecutados, levantados, secuestrados o mutilados.

Todo empeoró con la guerra de Calderón

Para los que somos de allá no existe duda de que todo empeoró con la llegada del Ejército y la guerra de Calderón; recuerdo cómo los militares se metían por la noche a casas de gente inocente, siempre pobres, para acusarlos de narcotraficantes o de secuestradores. Y toda esa gente ¿dónde está?, ¿qué ha sido de ellos?, se pregunta esta joven periodista mexicana en una ciudad de España en la que reside desde hace poco más de un año, y que por motivos de seguridad prefiere guardar en secreto.

Su historia –sostiene– es una muestra más del deterioro que ha vivido el país en los últimos años, sometido a una guerra donde los que siempre perdemos somos la sociedad civil. Ella y su familia vivieron una pesadilla desde que en su condición de periodista empezó a escribir sobre los feminicidios, alrededor de 2001, para el periódico El Norte, de Ciudad Juárez. También escribía sobre cuestiones políticas, de los partidos, pero cuando cambió el gobierno también cambió la línea editorial del periódico y decidieron despedirme injustificadamente a raíz de presiones internas. Al mismo tiempo que me despidieron, en 2005, se acabaron las amenazas. Llegó el silencio.

Un silencio que sólo duró unos años, pues cuando decidió prestar declaración sobre el caso Campo Algodonero ante la CIDH –en el que una sentencia histórica declaró culpable al Estado mexicano–, volvieron las amenazas, las noches sin dormir, el miedo a que se ensañaran con sus hijos, volver a asumir como cotidianas las medidas de autoprotección. Así lo explica en entrevista con La Jornada:

“En 2009 acepté dar el testimonio y unos días después de la audiencia la Secretaría de Gobernación se puso en contacto conmigo dizque para cumplir con las medidas de protección que había dictado la CIDH para los testigos y víctimas del caso. Casi de forma simultánea a que me llamó Gobernación volvieron las amenazas, ahora más seguidas, con mensajes electrónicos, llamadas telefónicas e incluso seguimientos personales.

“Y era a diario, en mi casa, en casa de mi mamá, y hasta sabían dónde vivían otros familiares. Eran mensajes raros, como intencionadamente mal escritos, con insultos o en los que simplemente ponían: aquí los asesinos.”

La situación empeoró, el miedo carcomía y vivían casi recluidos en su domicilio, con sus hijos sin ir a la escuela. Una noche decidieron emigrar de la ciudad en la que habían crecido. Casi sin decírselo a nadie –por miedo y desconfianza– se fueron de forma discreta a la ciudad de México, donde estuvieron cuatro meses, viviendo primero en un centro administrado por monjas y después en una casa de ayuda de una agrupación de defensa de los derechos humanos.

“El abogado se puso en contacto con el gobierno federal para explicarles nuestra situación y para apelar de la resolución de la CIDH que obligaba a garantizar nuestra seguridad. Y lo único que ofreció el gobierno de Felipe Calderón fue un teléfono celular.

“Obviamente no lo aceptamos y entendimos que era una burla, pues además nos acusaron de mentir y de inventar las amenazas, en concreto los representantes de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores.

Y mientras tanto seguían llegando los mensajes y las amenazas, hasta el punto en que mi mamá se tuvo que cambiar de casa. Entonces decidimos huir de México; no estábamos dispuestos a esperar a que nos pasara algo y luego lamentarnos.

Analizaron varias opciones, pero finalmente optaron por España, país que nunca había concedido a una periodista mexicana la condición de asilada política o de refugiado, que supone el reconocimiento explícito de que el Estado de origen es incapaz de garantizar la seguridad o que supone una amenaza para esa persona.

Al llegar a Madrid, en calidad de turista, comenzó los trámites para recibir la condición de asilada política a través del Comité de Ayuda al Refugiado y del Consejo General de la Abogacía Española. Primero pasó 11 meses –con su familia– en un centro de apoyo a refugiados, en el que convivió con otros perseguidos políticos de Afganistán, Colombia, Sri Lanka, Palestina, Irán, Ghana y Mali. Después de fue a vivir con su familia a una pequeña vivienda, merced a la ayuda de menos de mil euros mensuales que le permitió recuperar un techo familiar.

La noticia llegó el 28 de septiembre de 2010, cuando el tribunal aceptó las numerosas pruebas y testimonios que demostraban que su vida corría peligro en México, que las autoridades no habían hecho nada para protegerla y que esas autoridades formaban parte de la misma amenaza.

“Creo que las cosas han empeorado allá. Nos dolió saber del asesinato de Manuel Arroyo, quien se dedicó a denunciar las mentiras de la procuraduría y del gobierno federal y estatal, así como la situación de la familia Reyes, de Marisela Escobedo...

Es muy doloroso además ver que todo eso ocurre en la ciudad en la que naciste y creciste, concluye desde la lejanía Rosa Isela Pérez, quien por su condición de refugiada al único país del mundo al que no puede ir es a México.