Amnistía Internacional (AI) llamó al presidente Felipe Calderón a investigar de inmediato el paradero de seis personas desaparecidas por elementos de la Secretaría de Marina a principios de junio en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

En una carta dirigida al mandatario, la organización afirmó que hay testimonios y fotografías que comprueban la desaparición forzada de José Fortino Martínez, José Cruz Díaz Camarillo, Héctor Rodríguez Vázquez, Martín Rico García, Diego Omar Guillén Martínez y Usiel Gómez Rivera a manos de la Armada.

Han transcurrido casi cuatro semanas y aún no sabemos nada del paradero de estas personas o del por qué fueron detenidas por integrantes de la Marina, afirmó en un comunicado el asesor especial de AI, Javier Zúñiga, quien señaló que en su calidad de comandante supremo de las fuerzas armadas, Calderón debe ordenar que se esclarezca ya el destino de estos hombres.

Pese a las evidencias sobre la intervención de marinos en el arresto, interrogatorio y traslado de dichas personas –sin orden de captura u otro justificante para ello, según familiares de las víctimas–, la Armada niega su participación en los hechos.

Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, advirtió que el fenómeno de las desapariciones forzadas sea cada vez más grave en el norte del país, particularmente en Tamaulipas.

Urge que el Estado mexicano ponga todos sus recursos para encontrar a estas personas y a todas las demás que han sido desaparecidas por agentes estatales. Estamos viviendo una tragedia humanitaria, con miles de asesinados, secuestrados, desaparecidos y desplazados. En un país que se diga democrático no puede tolerarse esto, lamentó.

En Coahuila hay 185 casos de desaparición forzada de 2007 a 2011, y 50 en Nuevo León, de acuerdo con cifras de grupos no gubernamentales; dicho recuento se amplía si se toman en cuenta los números recabados en medios de comunicación, y se añaden los casos en Durango y Zacatecas, dos de las entidades más afectadas por este delito.

Estos datos son sólo la punta del iceberg, y el hecho de que ahora estén participando el Ejército y la Armada es más grave, porque se supone que ambos tienen que proteger a la sociedad civil. Estamos en una crisis institucional, deploró.