Diputados locales del PRD que integran la Comisión de la Gestión Integral de Agua afirmaron que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) persistirá en defender el enfoque de acceso al líquido como un derecho humano y no como una fuente de negocios y ganancias.

Así respondieron a las declaraciones que el empresario Gabriel Quadri hizo en nombre del Consejo Consultivo del Agua respecto al manejo del líquido en la ciudad de México, en las que acusó a los asambleístas de seguir una política retardataria, por no aprobar la iniciativa de descentralización del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM).

En un pronunciamiento conjunto, los perredistas Víctor Varela, Valentina Batres, Aleida Alavez y Erasto Ensástiga lamentaron que este consejo, en el cual se encuentran incluidas empresas ligadas al uso industrial del agua, como Grupo Modelo y Coca Cola, utilicen sus indicadores técnicos para politizar el tema del recurso y promover la mercantilización de este servicio.

“El empresario Quadri –agregaron– desconoce la estructura de tarifas y subsidios en el Distrito Federal, porque es falso que en la entidad exista ‘un sistema de subsidios generalizados que benefician a la gente de más altos ingresos’”.

Señalaron que basta revisar el artículo 172 del Código Fiscal del Distrito Federal para comprobar que la estructura de tarifas y subsidios a los derechos por el suministro del agua está claramente diferenciada en la capital, pues se reducen sensiblemente los subsidios a quienes cuentan con tomas localizadas en las colonias con índice de desarrollo alto y medio, respecto de quienes localizan sus tomas en colonias con índice bajo o popular.

Criticaron que el integrante del consejo no aluda al problema del empleo ni salarial ni de los ingresos y necesidades de los usuarios, pero sí se dedica a promover la intervención de la iniciativa privada en el servicio del agua.

Ante ello, sostuvieron que en la estrategia en las políticas públicas en materia del líquido es imprescindible dar prioridad en todo momento a que el acceso al agua debe ser considerado un derecho humano para todos y no convertirse en una mercancía que excluya su acceso o se le dificulte a los grupos de la población que menos tienen.