En el trabajo de protección a migrantes el gobierno federal sólo cuenta con una pequeña plantilla de menos de 200 agentes (grupos Beta), que si bien son reconocidos por la Organización Internacional para las Migraciones como eje de una política pública efectiva en la materia, su trabajo resulta insuficiente ante el aumento de agresiones a los extranjeros en tránsito.

Los únicos esquemas de protección para este sector, operados por el gobierno federal, son el propio Grupo Beta (fundado en 1990) y el Programa Paisano, con 22 años de existencia. En el caso del primero, con perspectiva absolutamente humanitaria, sus agentes se dedican a salvamento, búsqueda, rescate y apoyo en la repatriación. Su lema es: vocación, humanismo y lealtad.

El año pasado se informó de la existencia de 165 funcionarios Beta, divididos en 16 grupos; para 2011 se programó la creación de apenas cuatro más para la frontera sur. Esta cantidad de agentes es mínima si se considera que deben cuidar miles de kilómetros en las zonas de mayor flujo, donde pasan millones de personas cada año. Con los recursos a su alcance reparten a los migrantes cartillas de derechos y obligaciones durante su tránsito por nuestro país.

Sin embargo, la tarea de protección se ha extendido no sólo a los peligros del desierto o los ríos de las fronteras norte y sur, sino a ante asaltos, violaciones, secuestros y homicidios de bandas de delincuentes que se multiplican a diario.

Más allá de los alcances de los Beta en el terreno de atajar a las bandas de criminales, el gobierno federal se escuda en el artículo 76 de la Ley de Migración (prohibición de autoridades para ingresar a albergues) para justificar su pericia acotada en la ubicación de presuntos agresores de migrantes.