Defensores de los derechos de migrantes y académicos consideraron que la negativa del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Secretaría de Gobernación a reconocer el secuestro de al menos 80 indocumentados en Medias Aguas, Veracruz –denunciado por el sacerdote Alejandro Solalinde–, es un intento patético de negar las fuertes agresiones que padece ese sector en su paso por México.

La organización Sin Fronteras denunció la falta de capacidad y voluntad del Estado mexicano para atajar las agresiones a quienes transitan por México; aseveró que pese a la entrada en vigor de la ley en la materia, continúan las arbitrariedades en contra de los extranjeros.

Es lamentable que después de tanto tiempo de que se denunciaron los hechos (secuestros masivos de migrantes) por organizaciones civiles y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esto sigue sucediendo. El Estado no ha podido o no ha querido resolver el problema de manera integral, advirtió Perseo Quiroz, subcoordinador de defensoría de Sin Fronteras.

Fabián Sánchez, director ejecutivo de la organización Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, señaló que en vez de poner en tela de juicio los dichos de Solalinde, el gobierno debería iniciar cuanto antes una investigación sobre el plagio, retomando los testimonios de quienes lograron escapar.

Aquí uno puede darse cuenta de que la nueva Ley de Migración no sirve para resolver estos problemas. Es muy preocupante la falta de compromiso del Estado para investigar las violaciones a los derechos humanos y castigar a los responsables, añadió.

Para Sánchez, es necesario hacer una revisión profunda de la tarea del INM y reconsiderar sus objetivos, ya que en vez de proteger a los indocumentados, México ha asumido que éstos son una amenaza a la seguridad nacional. La frontera con Estados Unidos ya no está en el río Bravo, sino en el Suchiate, manifestó.

Leticia Calderón, especialista en temas migratorios del Instituto Mora, consideró que los intentos del gobierno por negar el secuestro de Medias Aguas son patéticos y dejan claro que la apuesta oficial es atrincherarse, decir que sí están trabajando y acusar al otro de que no vio bien.

Aunque sería lícito admitir que no tienen información sobre el crimen y pedir a Solalinde que les dé la que tiene, las autoridades han preferido descalificar al religioso y faltar a su responsabilidad de investigar lo ocurrido.

Son declaraciones inapropiadas en un mal momento político, porque están desafiando la única voz creíble en esto, y lo peor es que si encuentran a los secuestrados, van a tener que tragarse sus palabras. No pueden descalificar a un denunciante, sino seguir la pista que les dio y abrir una investigación.

Sin Fronteras dejó en claro que las recientes denuncias acerca de toda clase de agresiones a migrantes son hechos reales y que el gobierno “no puede tapar el sol con un dedo (…) encima, vemos la desfachatez de funcionarios al hacer declaraciones públicas frente al presidente Carlos Mauricio Funes (de El Salvador), en el sentido de que hay un compromiso de atención a la problemática”.

Dicha agrupación se sumó al llamado de Solalinde y refrendó su apoyo a las cifras que han difundido organizaciones civiles y la CNDH respecto a la existencia de más de 11 mil secuestros de migrantes, sólo en un tramo de 2010.

La realidad –añadió Quiroz– es que continúan los procesos arbitrarios y la aplicación de la política migratoria sólo con visión de seguridad. El secuestro existe: es una realidad. Negamos rotundamente que se persigan otros intereses o que se quiere denunciar sólo por hacerlo.