La fiscalización de los recursos públicos en México se encuentra en estado de fragilidad porque los gobiernos (federal y estatales) justifican el destino del dinero sólo en el ejercicio del gasto, sin relación con el desempeño, y en la mayoría de los casos sin que el destinatario sea el ciudadano.

Esthela Damián, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, adujo que la opacidad conduce a los gobernantes al desorden, al desvío y al uso ineficiente de los recursos públicos, y aumenta las desigualdades sociales al impedir que el Estado cumpla su papel como impulsor de la justa retribución de los bienes del progreso y del crecimiento.

Durante el seminario Actualidad y perspectivas de la distribución de competencias: Federación, estados y municipios, realizado en San Lázaro, el secretario general del órgano legislativo, Guillermo Haro, consideró que en el ámbito del endeudamiento de las entidades federativas, existe no sólo escasez de información confiable y cifras oficiales y opacidad.

Al referir un estudio del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, el funcionario reveló que el endeudamiento de los gobiernos estatales, asciende a 314 mil 428 millones de pesos (hasta marzo pasado).

Dicho endeudamiento registra tasas de hasta 3.5 por ciento de crecimiento y esa franja va en aumento porque los estados y municipios sólo están obligados a registrar aquellas deudas que generan afectación de sus participantes.

Sería indispensable fiscalizar con toda claridad hacia qué conceptos de gasto se canaliza la deuda y si esos recursos se destinan a obras y servicios y no sólo al gasto corriente, en cuyo caso sería necesaria una regulación que obligue a que los estados resolvieran desde su origen el destino de la aplicación.

El secretario general en San Lázaro advirtió que si bien las auditorías del gasto público se elaboran con mayor cuidado y atención, es un hecho que los resultados de la revisión del gasto federalizado son desalentadores. Ciertamente no se cuenta a la fecha con una evaluación global sobre el desempeño, resultados e impacto de los recursos federalizados, ni de los instrumentos públicos (ramos generales, programas y fondo) por medio de los cuales se ejecutan dichos recursos; sin embargo, los resultados disponibles muestran un amplio espectro de problemas diversos que giran en torno a los recursos federalizados y que, por sus especificaciones propias, son de difícil diagnóstico y tratamiento”. En el contexto en el que se ha concertado la creación de un Sistema Nacional de Fiscalización es fundamental que los órganos que lo integran fortalezcan su papel protagónico en fiscalización superior, para lo cual será necesario que la Auditoría Superior de la Federación impulse una estrategia que tenga por objeto delegar nuevas y más importantes responsabilidades”.

Sobre el particular la presidenta de la comisión, Esthela Damián Peralta, propuso impulsar un régimen de transparencia y acceso a la información de los recursos públicos; contraloría ciudadana, comités de vigilancia; información sencilla y clara y sesiones de cabildo abierto.

Tales pasos básicos para la fiscalización obedecen a la falta de precisión y consenso en la interpretación jurídica de las normas, en la escasa capacidad del sujeto que rinde cuentas y de la capacidad (considerable o escasa) del sujeto que exige cuentas. A esto se suma la incapacidad de las entidades de fiscalización que existen a lo largo de la República para fincar responsabilidades.