uego de una votación dividida –155 sufragios en favor, 138 en contra y cinco abstenciones–, el parlamento de Grecia aprobó un nuevo plan de austeridad propuesto por el primer ministro de ese país, Giorgios Papandreou, con el cual el fisco prevé obtener ingresos de 28 mil 400 millones de euros adicionales, con cargo a los ingresos de los hogares y a las prestaciones sociales –además de unos 50 mil millones por privatizaciones de empresas estatales–, y que era demandado por la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de nuevas ayudas económicas para la nación mediterránea. Mientras tanto, miles de manifestantes concentrados a las afueras de la sede del Legislativo griego, en la céntrica plaza Sintagma de Atenas, protagonizaron enfrentamientos con la fuerza pública, en un escenario de violencia que agravó la parálisis que vive ese país desde el pasado martes, como consecuencia de una huelga general.
La inconformidad que se vive en la nación helénica es reflejo de un amplio rechazo ciudadano al designio de que los desajustes macroeconómicos y financieros que han azotado a ese país en años recientes sigan siendo paliados a cambio de un elevado costo social, y permite ponderar la decadencia que experimenta el paradigma económico aún vigente a escala internacional. En efecto, el paquete impuesto por la UE y el FMI en Grecia se aferra a la continuidad de los dictados de la ortodoxia neoliberal, causante del desastre económico mundial de 2008 y 2009: sacrificio de las mayorías mediante políticas de austeridad draconianas, recorte de presupuestos públicos y de salarios, aumento a los impuestos, depredación de la propiedad pública y señales de tranquilidad para los capitales trasnacionales, medidas que tienen consecuencias particularmente devastadoras para la economía griega, una de las menos desarrolladas y de las más inequitativas de la Europa comunitaria.
La aplicación de políticas como las aprobadas ayer en el parlamento griego no sólo resulta improcedente y riesgosa por cuanto éstas golpean el tejido económico y social, colocan a la población a merced de los vaivenes del mercado y minimizan las perspectivas de intervención estatal –precisamente en momentos en que ésta resulta por demás necesaria–: también lo es porque dichas medidas impiden la reactivación de las economías y los mercados internos y porque reproducen, a fin de cuentas, la lógica que llevó al desbarajuste económico y financiero que inició a finales de 2008, y cuyos efectos devastadores han sido particularmente persistentes en la economía del país helénico.
Por añadidura, para que los planes de rescate como el referido tuvieran un mínimo de legitimidad y respaldo social, se habría debido avanzar antes en la reformulación profunda del modelo económico que, a lo que puede verse, sigue dominando los centros del poder político y económico internacional, como la UE y el FMI. La omisión en esas tareas, en cambio, justifica la percepción, ampliamente extendida en sociedades sacrificadas como la griega, de que el plan de choque del gobierno de Atenas no es sino una forma de financiar la torpeza y la desmesura de las elites políticas y financieras causantes de las crisis económicas, y de castigar, en forma por demás injusta, a las poblaciones.
Por desgracia, al despropósito que implica la continuidad contra viento y marea de un modelo económico que no conduce al desarrollo sino que lo obstaculiza o lo impide, ha de sumarse la insensibilidad política y social, con reflejos represivos, con que ha reaccionado el gobierno de Papandreou, ante las protestas de los opositores civiles, y que quedó de manifiesto en los enfrentamientos de ayer en el centro de Atenas. En suma, la falta de voluntad para superar inercias nefastas y reorientar las prioridades de los gobiernos hacia las necesidades de las personas representa, además de un factor de atraso económico y social, un riesgo indeseable de desestabilización política, que amenaza la gobernabilidad y la paz social en la nación helénica.
