Afirmar que la guerra contra el narcotráfico no ha dejado víctimas, daños materiales ni pérdidas económicas –como hizo la procuradora general de la República, Marisela Morales, en un informe a la comisión Permanente del Congreso– implica no sólo ignorar a los 40 mil muertos que ha arrojado dicha estrategia de seguridad pública, sino también llegar al nivel del absurdo.

Señalaron lo anterior activistas de derechos humanos, quienes consideraron que el objetivo del gobierno con ese documento es prepararse desde ahora para anular cualquier demanda futura contra los responsables de los fallecimientos que ha dejado la lucha contra el crimen organizado.

Édgar Cortez, investigador del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, consideró lamentable la postura de la PGR, ya que supone desconocer por completo la realidad del país, a las 40 mil personas muertas como consecuencia de esta guerra y el número creciente de desapariciones forzadas.

La secretaria ejecutiva de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, Agnieszka Raczynska, coincidió en que el informe de Morales Ibáñez busca minimizar los datos.