La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió, en el primer semestre del año, 400 quejas por violaciones a las garantías básicas de los migrantes, problemática que va al alza, sin que exista de parte del gobierno federal la respuesta para prevenir estos ilícitos, afirmó el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva.

Respecto de la denuncia presentada por el albergue Hermanos en el Camino, sobre el secuestro de al menos 80 migrantes en Medias Aguas, Veracruz, indicó que la CNDH inició una investigación de oficio, y personal del organismo está en Ixtepec, Oaxaca, desde el pasado lunes, con la finalidad de recabar las evidencias.

En entrevista, luego de la presentación del libro Indicadores sobre el derecho a la salud en México, Plascencia comentó que el plagio de los ciudadanos centroamericanos y chiapanecos es reflejo de una problemática todavía pendiente de resolver. Hace falta reforzar la seguridad pública y garantizar la protección de las personas en las zonas donde ocurren delitos como los secuestros.

Recordó que el pasado 22 de febrero, la CNDH presentó un informe en el que señala los lugares donde se presentan tales ilícitos y Veracruz es uno de ellos.

Sin embargo, ante la postura inicial del gobierno del estado de negar la veracidad de la denuncia presentada por el albergue Hermanos en el Camino, que dirige el sacerdote Alejandro Solalinde, el ombudsman advirtió que esa es la primera parte del problema a resolver, que las autoridades reconozcan su existencia.

Es el caso también de la trata de personas y sus variantes, como son la explotación sexual, laboral y el tráfico de personas. Señaló que todavía hace falta mucho trabajo para hacer visible esta situación y realizar acciones que lleven a actuar en contra de los responsables. Indicó que es muy importante la reacción ante la comisión de ilícitos, pero más todavía que se impulsen acciones para prevenirlos.

Otro aspecto de la problemática es la impunidad que prevalece en el país. Recordó que sólo 15 por ciento de las víctimas de delito en el país presenta una denuncia formal, y de éstas menos de 10 por ciento de los procesos concluye con una sentencia penal. Es necesario, indicó, actuar para que se realicen las investigaciones y se sancione a los responsables.