El Instituto Nacional de Migración (INM) se desmarcó de la responsabilidad en el nuevo secuestro colectivo de migrantes, ocurrido el viernes pasado en Veracruz, cuando se hallaban a bordo de un tren.

Aseveró que los hechos denunciados por el cura Alejandro Solalinde, fundador del albergue Hermanos en el Camino, no ocurrieron durante el traslado oficial de extranjeros, sino en un suceso que se relaciona con la inseguridad que prevalece en las carreteras y diversas rutas terrestres del país.

Ese mismo argumento fue emitido por el instituto el año pasado cuando fueron secuestrados y asesinados 72 migrantes en un rancho de Tamaulipas. Cecilia Romero, entonces comisionada del INM, dijo que la inseguridad es un asunto que sobrepasa las facultades y estructura de este organismo.

Al mismo tiempo, la Procuraduría General de la República (PGR) dijo estar a la espera de denuncias y datos que puedan llevar a la identificación de los migrantes privados de su libertad y sus victimarios, revelaron integrantes del Ministerio Público Federal. La dependencia integra, sobre este caso, dos averiguaciones.

Y aunque se presume que los autores pudieran estar vinculados al grupo delictivo Los Zetas, carece de elementos sólidos que conduzcan a conocer la identidad de los secuestradores de migrantes, hechos ocurridos en la comunidad de Medias Aguas, donde presuntamente un grupo de hombres armados, a bordo de varias camionetas de lujo, obligaron a los migrantes a subir a las unidades.

La seguridad en las carreteras es un asunto que compete directamente a la Policía Federal (PF), no a los agentes migratorios, quienes tienen otras funciones y, además, no portan armas. La investigación de los hechos denunciados la realiza la Procuraduría General de la República, indicaron ayer funcionarios del INM.

Cabe recordar que el gobierno mexicano no ha podido proteger a los migrantes incluso en operativos a su cargo.

Fue el propio organismo el que denunció que durante las primeras semanas de junio, la PF –perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública federal– desdeñó la custodia de los traslados de migrantes, ya sea a alguna estación migratoria o en la ruta para la deportación de indocumentados.

Esta situación fue revelada precisamente tras el asalto y secuestro de un autobús que transportaba migrantes centroamericanos para su repatriación. Los delincuentes los dejaron ir cuando comprobaron que los pasajeros no eran turistas sino migrantes pobres de quienes no podían sacar provecho.

Según las fuentes consultadas, la semana pasada hubo una reunión entre funcionarios de ambas instancias (PF y el INM) y se logró restablecer la custodia en las comandas del instituto.

Justo en el lapso de ese encuentro ocurrió el secuestro de entre 60 y 80 migrantes –según las primeras denuncias– en Medias Aguas, Veracruz.

El INM sólo ofreció coadyuvar en las indagatorias aunque marcó distancia de la responsabilidad en la situación que priva en las carreteras federales y estatales del país, así como en las rutas ferroviarias, permanentemente acechadas por delincuentes.

Mañana, el comisionado del INM, Salvador Beltrán del Río, comparecerá ante la Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.