yer, por enésima ocasión, miles de hogares de zonas conurbadas del estado de México resultaron inundados por el desbordamiento de caudales confinados. En esta ocasión, al igual que en agosto de 2008 y febrero de 2010 –por mencionar sólo los casos más recientes–, el fenómeno ocurrió en el Bordo de Xochiaca y el Río de los Remedios, y afectó a amplias zonas de los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl. El pasado 18 de abril la intensidad de las lluvias provocó el colapso del canal de La Compañía y el anegamiento de partes de Chalco y Valle de Chalco y de la autopista México-Puebla, como ya había sucedido, por ejemplo, en mayo de 2000, en febrero de 2010 y en abril de este año.

Las lluvias son cíclicas y previsibles, y por eso mismo sus impactos catastróficos en la población no deberían serlo: se conocen sobradamente bien, y desde hace mucho, las constantes orográficas y las variantes meteorológicas en el oriente y norte del estado de México, pero las autoridades federales, estatales y municipales no han podido o no han querido adoptar medidas eficaces para evitar que las precipitaciones pluviales provoquen el derramamiento de aguas negras sobre áreas habitacionales.

Como se resumió en este espacio el pasado 18 de abril, desde 2000 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que tomara las medidas apropiadas con el fin de evitar las inundaciones recurrentes en los municipios conurbados del oriente del valle de México, y en febrero del año pasado el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, recordó el exhorto y juzgó que era evidente que (la dependencia federal) no ha cumplido con su compromiso.

Tan cíclicas como las lluvias son las declaraciones autoexculpatorias de políticos y funcionarios cada vez que un meteoro se traduce en desastre. Para no faltar a esa tradición, ayer el ex presidente municipal de Ecatepec y actual candidato priísta a la gubernatura mexiquense, Eruviel Ávila, rehuyó cualquier responsabilidad por las inundaciones y aseveró que son circunstancias climatológicas que salen del alcance de cualquier partido.

El aserto es palmariamente falso. Partidos, funcionarios y representantes tienen la obligación de proponer planes de infraestructura, formular estrategias de prevención de desastres y adoptar medidas de protección civil a partir de las probabilidades conocidas de fenómenos geológicos y atmosféricos. Tan es así que el pasado 9 de marzo el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, el aún gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, y el titular de la Conagua, José Luis Luege, inauguraron una planta de bombeo en Ixtapaluca y en el acto correspondiente el primero ofreció que con esa instalación no habría nunca más inundaciones catastróficas, en tanto el segundo aseguró que la planta reducirá sustancialmente los riesgos de inundación. Cuarenta días después de pronunciadas tales palabras, los diques de La Compañía reventaron, inundaron miles de viviendas e inhabilitaron la autopista México-Puebla. Hoy, menos de cuatro meses después, el desastre se repite en Nezahualcóyotl y Ecatepec.

La indolencia, la insensibilidad y la ineptitud de las autoridades de todos los niveles ante las reiteradas inundaciones de los municipios mexiquenses conurbados del norte y el oriente del valle de México conforman ya un historial de impunidad que recorre varios sexenios y los plazos de varias administraciones estatales y municipales. En Chalco y Valle de Chalco, como en Ecatepec y en Nezahualcóyotl, el desastre no es de origen natural. Lo verdaderamente desastroso es la falta de voluntad de los poderes públicos para brindar una mínima seguridad a las poblaciones allí asentadas.