Lima, 25 de junio. El presidente peruano Alan García prometió hoy garantizar una transición pacífica hacia el gobierno del izquierdista Ollanta Humala, en el contexto de violentas protestas antimineras en Puno, en la frontera con Bolivia, que dejaron al menos cinco muertos y más de 30 heridos.

Hay objetivos más importantes, el primero de los cuales es garantizar una transición pacífica y el inicio sin problemas del gobierno (de Humala), dijo García en una declaración a la prensa, al justificar la revocación de la concesión a la minera canadiense Bear Creek.

La revocatoria fue aprobada por el gobierno junto a otras normas con las que se busca poner fin a las protestas antimineras en Puno, que exigen el cese de toda actividad minera, energética y de hidrocarburos en esa región.

Es inocultable y claro que estas acciones no son contra el Ejecutivo que termina en unos días sino que se trata de oscuros intereses políticos que exigen una parte del poder ante el cambio de gobierno, previsto para el 28 de julio, afirmó García.

El mandatario no identificó a ningún grupo detrás de las protestas, aunque en días pasados sectores de la prensa han especulado sobre las vinculaciones entre los líderes aymaras peruanos de Puno con sus pares bolivianos.

A su vez, el presidente electo, un nacionalista de izquierda que ha anunciado nuevos impuestos para las compañías mineras, llamó a deponer los actos de violencia y pidió al gobierno y a las autoridades de la región encontrar una solución pacífica a las protestas.

En la ciudad puneña de Juliaca, donde un intento por tomar el aeropuerto el pasado viernes llevó a choques con las fuerzas de seguridad que dejaron cinco muertos y más de 30 heridos, se vivía este sábado un clima de tensión.

Cientos de manifestantes ocupaban la plaza principal de la ciudad, tras desistir de un nuevo intento de tomar la terminal aérea, con actos de vandalismo que incluyeron el saqueo de las luces de balizaje que guían el aterrizaje de los aviones en la pista.

El gobierno esperaba contener los reclamos revocando la concesión a la minera canadiense Bear Creek y prohibiendo toda actividad minera informal en Puno, como solicitaban los manifestantes.

La primera ministra, Rosario Fernández, justificó el retiro del permiso a la minera canadiense, porque el gobierno detectó que la persona natural que formuló el petitorio minero en su momento no reveló que también era apoderado de la compañía canadiense.

La sensación en medios empresariales es que las medidas no son una buena señal para el mercado y fueron tomadas por un gobierno acorralado que desea llegar rápido al cambio de gobierno.

Los empresarios han visto con mala cara la situación: Esta medida es una pésima señal para los inversionistas, dijo Alfonso García Miró, presidente de Comex, gremio privado de los exportadores.

Los revoltosos consiguieron lo que estaban buscando: muertos y heridos. Las cosas se han salido de control, dijo de su lado el sociólogo y ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi, citado por el periódico Perú21.

El gobierno no debe ceder ante esta presión pues seguramente otros departamentos harán lo mismo y Perú se quedará sin minería, advirtió Rospigliosi.

La canadiense Bear Creek tenía previsto invertir 71 millones de dólares para producir 5 millones de onzas de plata en los siguientes cinco años en la mina Santa Ana, que tiene reservas de 63.2 millones de onzas de plata en la zona que obtuvo bajo concesión.

La cancelación del proyecto minero es el segundo en el año, luego que en abril protestas de campesinos obligaron al gobierno a rechazar el proyecto cuprífero Tía María, del Grupo México.

Las protestas antimineras tienen como eje principal el temor a la contaminación de ríos y aguas que sirven para sembrar tierras en el sur peruano, donde los campesinos viven en base a la agricultura.

Perú es el segundo productor mundial de plata y cobre, además del sexto productor de oro.