El grupo paramilitar sólo busca evadir la justicia, advierten indígenas y ONG

Estrategia oficial, deserciones en Paz y Justicia

Se corre el riesgo de que otra vez queden impunes los crímenes contra bases del EZLN, señalan

ANGELES MARISCAL CORRESPONSAL

Tuxtla Gutierrez, Chis., 28 de septiembre. La deserción de casi mil miembros al grupo paramilitar Paz y Justicia puede tratarse de una estrategia para evadir la acción de la justicia y su responsabilidad histórica por la muerte y lucha emprendida contra bases del EZLN, sostuvieron indígenas de la zona norte del estado y organizaciones no gubernamentales.

Al darse a conocer la segunda salida importante de integrantes del principal grupo paramilitar que opera en la entidad, Miguel Angel de los Santos Cruz, abogado de la Red de Defensores Comunitarios de los Derechos Humanos, y al menos una decena de choles que trabajan como promotores de derechos humanos, advirtieron:

"Es una jugada promovida incluso desde el mismo gobierno del estado, donde no hay interés real por capturar a los verdaderos líderes de Paz y Justicia", y un ejemplo de ello es el caso de los máximos dirigentes de los paramilitares, Samuel Sánchez y Marcos Albino Torres López, quienes al renunciar a la agrupación formaron la Unión de Comunidades Agrícolas y Forestales (UCAF), luego fueron aprehendidos y a los pocos meses exonerados; a la fecha se desconoce su paradero.

Ahora, sostuvo De los Santos, "nuevamente se corre el riesgo de que queden impunes los crímenes cometidos contra bases de apoyo del EZLN, pues el membrete del grupo paramilitar puede desaparecer al momento de que su estructura como tal cambia de nombre".

Incluso, sostuvieron que la reciente deserción y formación de la Unión Regional de Comunidades Indígenas (URCI) "responde a intereses políticos; el gobierno quiere desaparecer a Paz y Justicia, sus líderes ya entendieron el mensaje, por eso ahora lo que está haciendo es cambiar de nombre".

Anunció que el análisis entre las organizaciones defensoras de derechos humanos es que se corre el riesgo de que queden impunes los delitos que cometió el grupo paramilitar, ya que la PGR está investigando a Paz y Justicia, y al momento de que ésta ya no exista, las cosas terminan ahí.

"Se están cambiando de nombre en función de cómo estén negociando con el gobierno del estado, que de plano no quiere nada con Paz y Justicia", concluyeron los indígenas originarios de los municipios de Tila, Sabanilla, Tumbalá y Salto de Agua.

A Paz y Justicia se le atribuyen al menos 46 muertes de miembros de la bases de apoyo del EZLN, del PRD y de la organización pro zapatista Abuxu, así como de feligreses de la diócesis que presidió el obispo Samuel Ruiz.