El Senado aprobó ayer modificaciones a la Ley de Vivienda que permiten al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y al Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) adquirir predios y construir casas-habitación para venta o renta.

La minuta, avalada por 75 votos a favor y 36 en contra, fue remitida al Ejecutivo federal. El debate se centró en la modificación al artículo 56 de la citada legislación, pues abre la puerta a que los organismos utilicen los ahorros de los empleados.

Morena y el Partido del Trabajo acusaron a la oposición de hacer una simplificación que distorsiona el funcionamiento real de los mecanismos de vivienda, luego de que esta insistió en que el diseño pone en riesgo el patrimonio de millones de asalariados.

La senadora priísta Mely Romero declaró que el dictamen no es un avance en derechos, sino “un caballo de Troya para el despojo financiero”, ya que se entregan “las llaves de la válvula de los ahorros de los trabajadores, para que el dinero fluya hacia una constructora estatal opaca”.

Este “no es un modelo de justicia social, sino un esquema redondo de negocio para Morena y sus empresas aliadas”, puntualizó.

El panista Francisco Javier Ramírez Acuña señaló que el dictamen otorga facultades amplísimas al Infonavit y al Fovissste para usar el dinero de sus fondos sin que haya candados suficientes y con disposiciones ambiguas que no garantizan plenamente su protección. Además, se les deja de ver como instituciones financieras para convertirlos en desarrolladores inmobiliarios del Estado.

El morenista Gerardo Fernández Noroña calificó los dichos de la oposición de patrañas y embustes. “Es la campaña permanente de golpeteo, de descalificación y desinformación”. Cuestionó, irónico, que cuando gobernaban el PRI y el PAN no se ponía en riesgo el ahorro de los trabajadores, pero ahora que está Morena, “sí está en riesgo”.

Para Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del PT, el sostener que esta reforma constituye un atraco es una afirmación que carece de sustento técnico y contribuye a generar desinformación y temor entre la clase laboral.

El dictamen plantea que las acciones previstas en el artículo 56 se efectuarán salvaguardando en todo momento el patrimonio de los fondos de vivienda y los derechos de las personas. En ningún caso se podrá comprometer su solvencia y sostenibilidad financiera, ni tampoco los derechos adquiridos por los asalariados.