Con 467 votos de todos los grupos parlamentarios, la Cámara de Diputados aprobó este martes y envió a los congresos de los estados la reforma al artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a emitir una ley general para prevenir, investigar y sancionar el delito de feminicidio y definir un solo tipo penal en todo el país.

La unanimidad de votos se logró ayer en una sesión donde, sin embargo, las distintas bancadas se echaron en cara la falta de resultados en las políticas de sus respectivos gobiernos en relación con los crímenes contra mujeres.

El debate se dio además entre reproches por casos como el de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, quien fue asesinada la semana anterior en la Ciudad de México cuando acudía a una supuesta entrevista de trabajo.

Como ocurrió la víspera en la Comisión de Puntos Constitucionales, el pleno de la Cámara guardó un minuto de silencio en memoria de Edith Guadalupe.

La diputada de Morena y ministra en retiro Olga Sánchez Cordero resaltó la importancia de homologar los protocolos de actuación ante el feminicidio, para definir bases comunes en todo el país que permitan acreditar la comisión de ese delito.

Con ello, subrayó, se puede poner un “alto definitivo a la impunidad”, al evitar que casos de feminicidio sean investigados como homicidios e incluso como suicidios, y brindaría certeza jurídica a las víctimas indirectas del delito, criterios de reparación del daño, protección integral y acompañamiento sicosocial.

Aunque la oposición votó en favor de la iniciativa, legisladoras de PAN y PRI advirtieron que el cambio en el 73 constitucional no bastará para erradicar la violencia letal contra las mujeres, si no se acompaña de recursos suficientes, sobre todo para las fiscalías.

Ariana del Rocío Rejón (PRI) admitió que la enmienda puede ser un “paso importante” para cerrar vacíos normativos y construir una respuesta nacional ante el feminicidio, pero destacó que las fiscalías siguen rebasadas, por lo que los resultados de sus investigaciones “son indignantes”.

Un ejemplo de ello, lamentó, es que “sólo en 2025 había 4 mil 523 casos de feminicidios consumados o en tentativa, y de esos, sólo 679 llegaron a una acusación formal. Es decir, sólo 15 por ciento se judicializó. Este es el tamaño de la impunidad”. Alertó que “una nueva ley por sí sola no resuelve las fiscalías rebasadas, no sustituye agentes del Ministerio Público mal capacitados, no corrige carpetas mal integradas”.

Mientras, Annia Gómez Cárdenas (PAN) rechazó que los feminicidios se hayan reducido en los años recientes, y citó que, según informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “a partir de 2018 existe un incremento notable en las víctimas de feminicidio: 912 mujeres asesinadas ese año, y 2021 fue el peor año con más de mil mujeres víctimas”.