Diputados y senadores de Morena presentaron la iniciativa para corregir las fallas de la reforma al Poder Judicial de septiembre de 2024, en la que plantean, por ejemplo, agregar dos “secciones” a la Suprema Corte de Justicia de la Nación –en remplazo de las salas extinguidas en ese año–, así como sustituir los requisitos “subjetivos” para la selección de candidatos a ministros, magistrados y jueces.

Así, plantean suprimir el requisito de un promedio mínimo de 8 durante la licenciatura y las cartas de buen comportamiento expedidas por los vecinos de los aspirantes, “que no necesariamente reflejan competencias sustantivas”, y solicitar “parámetros objetivos”, como presentar examen de conocimientos y contar con un certificado que expida la Escuela Nacional de Formación Judicial.

Como publicó este diario el lunes, la iniciativa de reforma a 14 artículos constitucionales propone aplazar a 2028 las elecciones pendientes de integrantes del Poder Judicial, para rectificar las “áreas de oportunidad” resultado del proceso de 2025, y que la selección de aspirantes esté a cargo de un solo comité, para no repetir la dispersión de criterios entre los tres integrados el año pasado.

Incluso, señalan la necesidad de constituir un “observatorio ciudadano” para que la población pueda dar seguimiento, evaluar y emitir valoraciones sobre el desempeño de los juzgadores.

“La iniciativa se inscribe en una lógica de perfeccionamiento institucional del modelo de elección judicial… con el objetivo de consolidarlo bajo parámetros de mayor objetividad, profesionalización y certeza”, así como “corregir inconsistencias constitucionales que generan incertidumbre”, indican los legisladores.

En el documento del vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, y sus compañeros Olga Sánchez Cordero, Alfredo Vázquez y Mariana Benítez, así como los senadores Susana Harp y Javier Corral, se resalta que aplazar la elección pendiente busca evitar que sea concurrente con la intermedia de 2027 y permitir una organización “más ordenada y robusta”.

Realizar el proceso el próximo año podría generar aumento del voto desinformado, politización de las candidaturas y presión operativa y financiera sobre la autoridad electoral, indican.

En el artículo 95 plantean diferenciar los requisitos de experiencia para ser ministro de la Corte, para que cinco de sus nueve integrantes acrediten que cinco de los 10 años de práctica profesional deberán ser dentro del Poder Judicial, y para los otros cuatro “no será necesaria la experiencia judicial previa”.

Además, precisar que los candidatos no hayan sido alcaldes, militantes, dirigentes o representantes de algún partido político.