En comisiones, el Senado discutirá y votará hoy la propuesta del grupo de Morena de citar a una reunión de trabajo a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y al fiscal de la entidad, César Jáuregui, a fin de que informen sobre la presencia de dos agentes de Estados Unidos que presuntamente colaboraban con personal de seguridad de ese estado y que fallecieron en un accidente.

La propuesta para que la gobernadora y el fiscal de Chihuahua acudan ante las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública el próximo martes por la mañana la presentó, a nombre de los guindas, el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, durante la sesión de ayer, en medio de reclamos de los legisladores del PAN.

Por la noche, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, informó que se reunirán hoy para discutir y votar el dictamen, en el que, aclaró, no se cita a comparecer a la gobernadora Campos y al fiscal Jáuregui, sino a una reunión de trabajo.

Sin embargo, los panistas se indignaron y hasta subieron a tribuna. El coordinador Ricardo Anaya advirtió: “Nosotros tenemos una larguísima lista de gobernadores impresentables de Morena y traigámoslos aquí al pleno y a ver de a cómo nos toca”.

Morena, en voz del senador Enrique Inzunza, enfrentó a los panistas desde la parte alta de la mesa directiva y, pese a la amenaza de la blanquiazul Lilly Téllez de usar un megáfono para tratar de impedirle hablar, alzó la voz a fin de aclarar que “el punto de acuerdo implica la invitación comedida, ni siquiera la cita a comparecer, la invitación comedida tanto a la gobernadora como al fiscal de ese estado para que aporten a esta soberanía la información conducente que permita con rigor esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades si las hubiera”.

En la propuesta, el senador Loera de la Rosa precisó que se requiere a los funcionarios para analizar una posible violación a la Ley de Seguridad Nacional, la omisión de informar al gobierno federal sobre la presencia de agentes extranjeros, la falta de coordinación institucional y las consecuencias para la seguridad del Estado mexicano.