l lunes 20 de abril arrancó una reunión clave entre los representantes de México y de Estados Unidos para la revisión del T-MEC. Las veleidades de Donald Trump y la oscilante coyuntura internacional han llenado de nubarrones e interrogantes la continuidad del tratado: ¿Se revisará el T-MEC, o de plano se va a acabar con él? En caso de que se termine, ¿habrá acuerdos bilaterales de los tres países por separado? Nada es seguro al momento de escribir estas líneas.
La Secretaría de Economía ha insistido en ramas industriales importantes, como la automotriz, siderúrgica, aluminio, farmacéutica, electrónica, etcétera. Se ha escuchado y dado participación a los representantes de esas y otras ramas; sin embargo, el sector agropecuario parece que no ha sido suficientemente atendido en estas negociaciones. Al menos de eso se quejan organizaciones de pequeños y medianos productores que no forman parte del Consejo Nacional Agropecuario, y también agrupaciones de jornaleros agrícolas y ambientalistas.
Ante la incertidumbre, la postura de algunos es: “no le muevan al tratado para que siga como está”, señalando que, si hay muchas exigencias, Trump aprovechará para salirse del T-MEC, lo que perjudicará a las grandes exportadoras de tomate, aguacate, frutos rojos, frutas tropicales, ganado en pie, cerveza, tequila y mezcal a Estados Unidos. Esa es también la postura de la Coalición Agrícola para el Acuerdo USMCA (siglas en inglés del T-MEC), formada por 40 agrupaciones agrícolas y ganaderas de ese país, la Federación Estadunidense de Oficinas Agrícolas, el Consejo Nacional de Cooperativas Agrícolas, la Asociación Nacional de Productores de Maíz, la Asociación Americana de Soya y la Unión Nacional de Productores de Leche, además de un centenar de legisladores republicanos y demócratas de los estados que exportan granos, oleaginosas, leche y carne a México: los ganones del sector del T-MEC a ambos lados de la frontera.
Pero hay muchas otras voces del campo mexicano y de la academia que piensan muy diferente y analizan los costos que ha tenido dicho acuerdo comercial para la agricultura nacional. Señalan que desde el TLCAN hasta el T-MEC, México ha perdido su soberanía alimentaria en productos estratégicos, como granos básicos y oleaginosas. Se ha derrumbado la rentabilidad de los cultivadores de maíz, frijol y trigo, por sólo poner tres ejemplos, ante la competencia desleal de los granos subsidiados procedentes de Estados Unidos, por los altos costos de los insumos y la insuficiencia de los precios de garantía.
Así, a partir de la negociación del TLCAN, organizaciones de productores y, desde el otoño pasado, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), han demandado sacar los granos básicos del tratado. No se antoja nada fácil hacerlo ahora, pero, si se escucha a profundidad lo que esas organizaciones están pidiendo, es que, con tratado o sin él, el gobierno federal construya y ponga en marcha una robusta política de fomento al cultivo para la soberanía alimentaria. Esto implica no sólo impulsar la autosuficiencia de los productores más pobres, sino establecer las condiciones para que los pequeños y medianos agricultores comerciales mejoren su productividad, tengan acceso a créditos, seguros, coberturas de precios, insumos baratos, estímulos a la organización productiva y comercialización, en tanto el Estado intervenga para ordenar los mercados agropecuarios. Esta sería la demanda, no coyuntural, sino estructural de varias organizaciones que se han movilizado recientemente.
Ahora bien, hay otras demandas sociales que son perfectamente factibles de incluir en la actual revisión del T-MEC, siempre y cuando se dialogue de manera abierta con quienes las proponen: garantizar la defensa de los territorios y bienes comunes, como el agua y los bosques, además de que el tratado proteja a nuestro campo del ingreso y aplicación de agrotóxicos. A fin de asegurar la protección de las semillas nativas y de la biodiversidad e impedir el ingreso de semillas transgénicas, se demanda que nuestro país no acepte la presión por adherirse al Acta 91 de la UPOV (Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales), pues se favorecerían las patentes de semillas, se limitaría su uso e intercambio por los productores y propiciaría el control del mercado de semillas a manos de oligopolios.
Otra exigencia recurrente es el cumplimiento cabal de los derechos laborales y prestaciones sociales de las personas jornaleras agrícolas y de sus familias. El T-MEC no debe permitir la producción y comercialización de bienes agropecuarios producidos con explotación laboral, agroquímicos contaminantes y devastación de la naturaleza.
No es menor el desafío: construir la soberanía alimentaria en un entorno de agricultura globalizada, con hábitos alimenticios de la población muy diferentes a los del periodo de la sustitución de importaciones. Además, con una agricultura mucho más heterogénea que nuestros vecinos del norte y bajo condiciones mucho menos ventajosas para la producción de granos. Aun así, es tarea impostergable elaborar una hoja de ruta para construir nuestro modelo agroalimentario soberano con amplia participación, sobre todo, de las y los productores. Nuestra agricultura no sólo es una actividad productiva, es cohesión social, identidad, significados, es un formidable bien público. El T-MEC debe ser un instrumento para impulsarla, no para subordinarla a intereses oligopólicos y deformarla. Eso deben entender quienes revisan el tratado.
