a muerte de dos agentes estadunidenses en la zona serrana del estado de Chihuahua, ocurrida el domingo pasado, despierta cada vez más dudas acerca de la magnitud de las operaciones de espionaje e injerencismo de Washington en nuestro país y de la posible connivencia del gobierno estatal, de origen panista, en los intentos de vulnerar la soberanía nacional.
En un principio, el fiscal general de la entidad, César Jáuregui Moreno, coincidió con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en que los fallecidos eran “oficiales adscritos” a la legación diplomática que regresaban de un operativo en el cual fueron desmantelados seis presuntos narcolaboratorios cuando el vehículo en el que viajaban cayó por un barranco. En el incidente de tránsito también murieron el director general de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, Pedro Román Oseguera Cervantes, y el policía ministerial Manuel Genaro Méndez Montes. Sin embargo, el lunes Jáuregui cambió su versión por una mucho más embrollada, según la cual el citado operativo se llevó a cabo los días 16 y 17 sin participación alguna de los agentes estadunidenses. Posteriormente, éstos habrían pedido a Oseguera Cervantes ayuda para trasladarse a la ciudad de Chihuahua, donde debían tomar un vuelo a las 10 de la mañana, y perdieron la vida mientras recibían “aventón” del titular de la AEI. Para justificar la confusión inicial, adujo que los estadunidenses llevaban a cabo capacitaciones de uso de drones en una localidad ubicada a 54 kilómetros del sitio donde se efectuó el operativo y que la cercanía geográfica indujo a error. En esta cadena de explicaciones defectuosas, aseguró que en realidad los agentes de Wa-shington no pudieron tener involucramiento alguno porque, debido a lo intrincado que es el camino en esa región, se requieren de “ocho o nueve horas” para recorrer esos 54 kilómetros por tierra. El fiscal no lo dijo, pero ese cálculo implica que automóviles todo terreno avancen a una velocidad de 6.7 kilómetros por hora, es decir, al ritmo de una caminata.
En este punto es necesario recordar que la convivencia, de cualquier tipo, entre agentes extranjeros y miembros de un gobierno o un organismo estatal a espaldas de la Federación transgrede la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. La creciente dificultad de la fiscalía chihuahuense para justificar lo que con los elementos de juicio disponibles no puede entenderse sino como una violación constitucional se complicó de manera grave ayer, cuando The Washington Post publicó que los supuestos funcionarios de la embajada en realidad trabajaban para la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) “como parte de una función más amplia en el combate al tráfico de estupefacientes en el hemisferio occidental”. Cabe señalar que su pertenencia a la CIA no excluye una simultánea adscripción a la embajada: pudo tratarse de espías a quienes se asignaron labores diplomáticas como fachada para ocultar sus verdaderas misiones. De comprobarse que cobijó a una agencia dedicada a la desestabilización de los países donde opera, la oficina que encabeza Ronald Johnson habrá perdido credibilidad ante el Estado mexicano.
Hasta el momento, la gobernadora panista María Eugenia Campos no ha ofrecido ninguna explicación ni a la sociedad mexicana ni al gobierno federal, aunque la Constitución la obliga a reportar y pedir autorización a Palacio Nacional para relacionarse con agentes extranjeros. A quienes sí ha mantenido informados es a sus correligionarios en el Senado de la República, como el coordinador de la bancada blanquiazul, Ricardo Anaya, quien ha contribuido a incrementar la opacidad en torno al episodio.
Más allá de los detalles truculentos, lo central es que no se trata de un episodio aislado, sino que ocurre en el contexto de permanentes amenazas contra México por parte de Donald Trump y su equipo. Por ello, es obligado investigar si lo que dicen el rotativo estadunidense y otros medios es cierto, establecer las responsabilidades penales del fiscal Jáuregui y la gobernadora Campos, y revaluar por completo la cooperación con Washington en materia de seguridad.
